Piérola logró reunirse con Choquehuanca

Canciller reveló que está entre la espada y la pared con caso Pinto



Canciller y Legisladora se reunieron para hablar del caso, después de dos meses desde que el senador Pinto se asiló en la Embajada brasileña.

La diputada por Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, logró reunirse, en la víspera, con el canciller David Choquehuanca para tratar el tema del senador Roger Pinto. Choquehuanca habría manifestado estar “entre la espada y la pared”, debido a los procesos anunciados por la oposición y la postura del Gobierno que asegura que el país no está suscrito en el protocolo de 1967 y la Ley 251, que certifican que Pinto puede obtener el salvoconducto.

La legisladora opositora, reveló los detalles de su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, quien habría demostrado “una buena disposición” para otorgar el salvoconducto al senador Pinto, para que éste pueda acceder al asilo político, concedido por el gobierno de Brasil, aunque aseguró que Choquehuanca al parecer se encuentra “sin salida”, en este caso.

“El Ministro ha manifestado que se encuentra entre la espada y la pared, porque por un lado la oposición, le amenaza con un juicio si continua en la postura de negarse a entregar el salvoconducto. Por otro lado, el Ministerio Público, el Fiscal ha amenazado con iniciar una acción penal, también la ministra (de Comunicación) Amanda Dávila y la ministra de Transparencia (Nardi Suxo)”, dijo.

Asimismo, Piérola manifestó que el Canciller demostró no tener un claro conocimiento de los motivos por las que el Ejecutivo debería otorgar el salvoconducto a Pinto. Estas razones, serían otro factor para que el Ministerio de Relaciones Exteriores se vea “obstaculizado” para dar una solución definitiva al caso del senador opositor.

“Parece que no conoce la verdadera figura del asilo o del estatuto del refugiado político. Según el Ministro, ni siquiera Bolivia habría suscrito este acuerdo, lo habría ratificado. Pero nosotros sí tenemos la Ley de ratificación del protocolo de 1967”, señaló.

De igual manera, hizo referencia a la Ley 251, que se aprobó el 20 de junio de este año, en la cual se concede el derecho que tiene el país que ha otorgado el asilo, de calificar si el refugiado cometió delitos comunes o son delitos políticos.

“Brasil ya calificó que los delitos cometidos por Pinto son políticos, por lo tanto, lo único que le corresponde al Gobierno nacional es otorgar el salvoconducto, pero veo una especie de espada de Damocles sobre la cabeza del Ministro, que no sabe lo que va hacer (…) Voy a entregar fotocopias de las normas”, afirmó.

Piérola logró entrar a los predios de la instancia gubernamental, después de roces con los funcionarios de la Cancillería y efectivos policiales. “Tuve que amenazar con traer a la prensa”, dijo.

Por otro lado, la senadora Carmen Gonzáles (CN), anunció que la bancada opositora iniciará procesos en contra de las autoridades gubernamentales, por violación a los derechos humanos, incumplimiento de deberes y usurpación de funciones.

“Corresponde acciones en contra del presidente Evo Morales por incumplimiento de deberes, en contra de la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño por violación a los derechos humanos de autoridades y personas electas, también en contra de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, por usurpación de funciones porque afirma que el Gobierno no le dará el salvoconducto y a ella no le corresponde hacer ese tipo de declaraciones, sino al Canciller”, aseveró.

El oficialismo y las autoridades del Ejecutivo han rechazado permanentemente la otorgación de este beneficio para el legislador, porque consideran que debe presentarse ante las instancias judiciales y responder por 20 casos denunciados por el propio Gobierno y el Ministerio Público, en temas que van desde la afectación forestal, malversación de fondos, desacato o presunta corrupción.

DATOS

- El senador Roger Pinto (CN), se encuentra dos meses en predios de la Embajada de Brasil, esperando que el Gobierno boliviano le otorgue el salvoconducto para acceder del asilo político concedido por el vecino país y así poder trasladarse al exterior.

 
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