Bejarano no teme a procesos por defender la “casa grande”

Con duras palabras contra el presidente Evo Morales y su acción para ingresar al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), la dirigente de la novena marcha, Berta Bejarano, dijo que no teme a los procesos anunciados en su contra por defender la casa de los pueblos originarios asumiendo bloqueos para el paso de las brigadas que desarrollan el proceso de consulta. “No pueden entrar sin permiso, esta es nuestra casa y la vamos a defender”, dijo.

La dirigente fue objeto de una campaña de desprestigio desde el Gobierno central, siendo acusadas de haber tenido relación con el narcotráfico, cuando fue detenida por portar la sustancia ilícita. A partir de esa denuncia, la dirigente fue descalificada como interlocutora válida para hablar con las autoridades del Ejecutivo.

“Seguro que los hermanos han tratado de poner algún atajo, pero por qué tiene que procesarnos el Gobierno, porque defendemos nuestra casa. Y quién procesa al presidente por no permitir que ingresemos a Plaza Murillo, quién ha sido el valiente en meterle proceso cuando nos reprimió en la vigilia, por qué entonces nos tiene que meter presos Evo Morales”, dijo.

Bejarano agregó que los dirigentes ya se encuentran rumbo a Gundovia, comunidad que se ha convertido en el centro de la resistencia de los indígenas de Tierras Bajas que ya tomaron medidas como el bloqueo con alambres de púa para evitar el paso de barcazas en el río Sécure.

Por su lado, las autoridades aseguran que la consulta se desarrolla con total normalidad y se prevé incrementar el ingreso de brigadas a la reserva natural para continuar con el proceso.

La vocal del Tribunal Supremo Electoral, Wilma Velasco, adelantó que se continuará con el cronograma estipulado en el protocolo para abarcar las 69 comunidades a partir de hoy y hasta el 25 de agosto, fecha en la que se cumple el plazo establecido en la Ley 222 para este fin.

En cambio, los militantes y legisladores oficialistas cuestionan cualquier declaración o manifestación en contra del proceso de consulta, porque aseguran que se está violando el derecho de los pueblos a decidir en democracia. El propio protocolo prohíbe las acciones de hecho que impidan el desarrollo del proceso, así como que terceros, no pertenecientes a las comunidades chimán, yuracaré y mojeño – trinitario, se manifiesten con evidente intencionalidad para deslegitimar la consulta, situación que fue cuestionada como una vulneración al derecho a la libre opinión.