Ministerio Público rechaza denuncias por casos “secuestro” y represión en Chaparina

EL DIARIO Y Agencias.- El Ministerio Público rechazó ayer las denuncias sobre la represión policial a la octava marcha indígena de septiembre pasado, así como el supuesto secuestro al canciller David Choquehuanca por parte de mujeres del Tipnis.

El anuncio fue realizado por la fiscal Betty Yañiquez, quien sin embargo, no dio mayores detalles sobre esta determinación que podría ser confirmada en las siguientes horas.

“Tengo conocimiento de que se ha rechazado la denuncia que se realizó contra los originarios, que estaban (procesados) a denuncia de determinadas autoridades del Ejecutivo. Así también, tengo conocimiento que se rechazó la denuncia contra el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, por el caso Chaparina. Las dos denuncias se rechazaron”, dijo.

Las repercusiones fueron inmediatas y para el presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, esta determinación sólo significa que no existirán responsables penales para la violencia ejercida el pasado 25 de septiembre en la localidad de Chaparina, cuando al menos 400 efectivos policiales ingresaron al campamento indígena utilizando gases químicos, palos y cinta adhesiva para maniatar y amordazar a hombres y mujeres que marchaban en defensa del Tipnis.

Por su parte, en contacto con Erbol, la abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho, afirmó que harán la evaluación respectiva sobre la decisión de la Fiscalía y si es necesario aportarán con mayor cantidad de pruebas para que el exminsitro Sacha Llorenti vuelva a ser incluido en el caso Chaparina.

“Cuando el Ministerio Público desestima una investigación contra un actor, la parte tiene la facultad de concurrir directamente ante un juez en el juicio abreviado para que este sea prosado como corresponde. Pero creemos que en este caso se trata de una actuación directa del Gobierno para que no sean procesados los que podrían (los responsables del hecho)”, apuntó la jurista.

El otro caso implicaba a mujeres indígenas, acusadas de presuntamente haber secuestrado al canciller David Choquehuanca, el 24 de septiembre, día antes de la intervención. Las indígenas aseguraron que tuvieron que llevar a la autoridad junto a dos viceministros de menor rango, para percatarse del bloqueo y cerco que enfrentaban en Yucumo por colonos y policías que impedían su tránsito e incluso el abastecimiento de agua y alimentos.

El Canciller de Estado, por su lado, en reiteradas declaraciones a los medios de comunicación confirmó que fue “obligado a caminar”, pero evitó en todo momento de mencionar la palabra secuestro.

En el caso de la represión existen dos sindicados, el general de Policía Oscar Muñoz con detención domiciliaria y el exviceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, con imputación formal. El Gobierno asevera que se rompió la cadena de mando en esas circunstancias, descartando que instancias superiores hayan ordenado el uso de la fuerza pública contra los indígenas.

Finalmente, Llorenti, exactivista de Derechos Humanos que llegó al Gabinete ministerial por invitación del primer mandatario, reapareció en la escena pública para presentar un libro en el cual cuestiona la labor de los medios de comunicación en el denominado proceso de cambio, pero no explica su participación o responsabilidad en este caso.