La presidente de la Aduana Nacional (AN), Marlene Ardaya, afirmó ayer que la entidad identificó la presencia de 120 vehículos ilegales que eran comercializados en autoventas en todo el país. Señaló que la ciudad en la que más se registraron estos casos fue Santa Cruz.
“Lo más importante es que habrían legalizado vehículos, que probablemente estén ingresando por la vía del contrabando. Lo que ha hecho la AN es hacer este análisis en zonas primarias que corresponden inicialmente a la verificación”.
Dijo que por ejemplo, la aduana peruana brindó información sobre 24 vehículos jamás salieron de ese país de manera legal. También explicó que en la frontera con Perú también se identificaron otros 58 motorizados, pero todavía no se logró decomisar estos vehículos.
Señaló que la AN comenzará a trabajar en operativos en zonas secundarias y no solamente en las fronteras, como sucede hasta la fecha. De esta forma se controlará las tiendas de autos.
“La Aduana Nacional va a empezar a trabajar con operativos no solo en las fronteras, sino también en zonas secundarias, controlando este tipo de autoventas y el proceso de investigación nos mostrará a los responsables”.
Pidió al Ministerio Público que actúe con celeridad puesto que estos vehículos continúan en las tiendas de venta de autos, aunque ya presentan un cordón de precinto. También demandó la intervención urgente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ya que se trata de vehículos que fueron convertidos a Gas Natural Vehicular (GNV).
“En Santa Cruz también se han intervenido algunas autoventas, que habrían arrojado 64 vehículos, que obviamente habrían ingresado al país a nivel nacional, más que todo como GNV y habrían sido sacados los Jeeps. Esperamos que en Santa Cruz la gente colabore porque la Aduana se va a querellar con el tema de defraudación fiscal”.
Frente a la posible intervención de trabajadores de la Aduana en el ingreso de estos vehículos, además de estar involucrados en actos de contrabando, Ardaya aseguró que los funcionarios aduaneros implicados en lo que denominó “tráfico documental”; recibirán duras sanciones en el marco de la ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas.
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