Autoridades de la Alcaldía, Gobernación y Ministerio Público, buscarán una salida para disminuir la alerta ambiental.
La morgue judicial que debía cerrar sus puertas en agosto, continúa funcionando y ayer recibió a seis cadáveres porque aún no existe la posibilidad de habilitar otro ambiente donde se realicen las autopsias y se almacenen los cadáveres que se recogen de las calles de La Paz y El Alto.
Gobernación, Alcaldía y Ministerio Público se reunirán hoy para determinar una solución a este problema, mientras tanto, la morgue que se encuentra dentro del Hospital de Clínicas, continuará efectuando servicios hasta el viernes, pese a la alerta ambiental.
“El predio no le pertenece al hospital (de Clínicas), sino a la municipalidad de La Paz; tendremos una reunión conjunta con la Alcaldía, Gobernación y el Ministerio Público para definir el futuro, me imagino que el jueves por la tarde será la cita”, indicó Félix Loza, director del nosocomio.
Según la Alcaldía, se enviaron numerosas cartas, tanto al fiscal General del Estado, Mario Uribe, como a la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañiquez, expresando su preocupación por las actuales condiciones del funcionamiento de la Morgue Judicial y para que se agilicen las gestiones para la construcción de una estructura adecuada, según el director de Gobernabilidad, Pedro Susz.
Afirmó que el 2004 se firmó un acuerdo interinstitucional entre el ex fiscal de Distrito, Williams Dávila Salcedo y el ex alcalde Juan Del Granado, para efectivizar la infraestructura.
“La construcción y la habilitación de la morgue judicial, es una obligación exclusiva del Ministerio Público y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDF), como establece su propio Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado mediante Resolución del Ministerio Público Nº 22/2004, de fecha 28 de julio del 2004, la Fiscalía se compromete a acelerar la gestión definitiva de la construcción de una Morgue Judicial para la Ciudad de La Paz”, dice a la letra el artículo 6to. del Acuerdo Interinstitucional.
“No es nuestra obligación, pero en el interés de coadyuvar a lo que finalmente es un servicio público le hemos ofrecido entregarle, en calidad de comodato, un terreno en la zona de Inca Llojeta de estabilidad suficiente, de adecuada dimensión para el funcionamiento a largo plazo, de una morgue judicial con el equipamiento y las instalaciones adecuadas”, señaló Susz.
En contrapartida, Betty Yañiquez afirmó que su antecesor, Williams Dávila, firmó un documento donde se compromete a la construcción de la morgue, pero existe una última posición de la Fiscalía General, en sentido de que en estricto apego a la Ley, no sería responsabilidad del Ministerio Público.
Además Yañiquez dijo que los responsables de la construcción serían el Ministerio de Salud, la Gobernación y la Alcaldía, según el artículo 297 de la Constitución Política del Estado.
Por otro lado, el Gobernador de la ciudad de La Paz, César Cocarico, declaró ayer: “junto con el Alcalde Revilla hemos encaminado un plan de acción inmediata, siendo que no es nuestra obligación, sino del Ministerio Público la construcción de una nueva morgue judicial”
Aseveró que el costo total para la construcción de una nueva morgue demanda más o menos los Bs. 480 mil; la Gobernación cubriría el 50% y la Alcaldía el otro 50%; “El Ministerio Público debería cubrir los gastos del equipamiento de la nueva morgue”, manifestó el Gobernador.
El pasado viernes, la Dirección del nosocomio informó su decisión de no permitir el ingreso de más cadáveres, porque representan un foco de “contaminación” para los pacientes del Hospital General y para la propia gente que transcurre diariamente por las instalaciones del nosocomio.
Ante esta advertencia, de la Dirección del Hospital de Clínicas de no permitir el ingreso de más cuerpos por la contaminación que producen, el mayor Wálter Sossa, de la Policía Nacional, indicó que si la amenaza se cumple, perjudicará la investigación policial sobre las causas de muerte, para lo cual es imprescindible la autopsia.
Los cadáveres continúan ingresando de forma regular a la morgue judicial, habilitada en ambientes del citado nosocomio y que comprende dos galpones, uno en el que se lavan los cuerpos y otro que funciona como depósito, donde también se practican las autopsias acompañados de un médico y efectivos de la fuerza contra el crimen.
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