Prohíben contratar a personas con sentencia ejecutoriada en empresas de seguridad privada

(Oxígeno).- La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, promulgada ayer establece, la aplicación de medidas para evitar la comunicación vía teléfono celular con los centros penitenciarios del país y prohíbe que personas con sentencias ejecutoriadas sean funcionarios de empresas de seguridad privada.

La normativa prohíbe a las empresas de seguridad privada admitir “al interior de su personal a personas nacionales o extranjeras que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada en nuestro país o en el extranjero”.

Asimismo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien calificó que la seguridad ciudadana es un derecho humano, explicó que el Poder Ejecutivo prohibirá que las cárceles del país cuenten con señal del servicio de telefonía móvil y sustituirla por cabinas telefónicas.

“Se dispone, a través de esta Ley, la instalación de cabinas telefónicas, la prohibición del uso de celulares y los mecanismo técnicos para el bloqueo de las comunicaciones por celular. Eso significa que las cabinas telefónicas cumplirán únicamente la labor de comunicación social que requiere el interno y no se usará el teléfono celular, que muchas veces sirve para dirigir el delito desde el propio recinto penitenciario”, explicó el Ministro Romero.

La ley “desarrolla y extiende las acciones concretas de lucha contra el delito que el Gobierno nacional ha implementado con la adjudicación de un presupuesto de casi 2 mil millones de Bolivianos que representa un incremento de 121% en relación a los 902 mil Bolivianos que se presupuestaron el año 2005”.

Determina que las entidades territoriales autónomas departamentales asignarán como mínimo el 10% del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH) para seguridad ciudadana, previa deducción del 30% destinado a la Renta Dignidad. Estos recursos económicos serán únicamente invertidos o utilizados en el ámbito territorial departamental y municipal, respectivamente.