Amnistía pide no vincular desarrollo con la carretera

(Oxígeno).-Mediante un comunicado público, Amnistía Internacional dio a conocer su preocupación ante el proceso de consulta que lleva adelante el Gobierno en el Tipnis. Cuestionó que se informe la construcción de la carretera Beni – Cochabamba vinculando el cumplimiento de otros derechos a la ejecución del proyecto caminero.

“(…) la consulta a las comunidades estaría vinculando su propio desarrollo – incluyendo áreas de salud, educación y de recursos naturales para su subsistencia –- a la construcción de la carretera”, indica el comunicado.

De acuerdo a la posición de esta institución, la consulta que lleva adelante el gobierno nacional “no cuenta con todos los resguardos para asegurar el pleno cumplimiento de los derechos humanos”.

Resalta que el proceso no logró la concertación necesaria antes de comenzar con el mismo diálogo con las 69 comunidades del Tipnis. Añade que un mes para la consulta es insuficiente para que las comunidades “tengan la posibilidad de lograr consensos” y compartir información a indígenas cuando “cuando no ha habido siquiera un acuerdo de cómo llevar adelante la consulta.

Asimismo, sostiene que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional indica que el Gobierno debe basarse en la concertación mediante un proceso de acuerdos previos.

“Amnistía Internacional insta a las autoridades a proveer información transparente y completa sobre todos los efectos, positivos y negativos, que esta carretera podría traer. Asimismo, reitera su llamado a que la protección y realización de los derechos humanos de los pueblos indígenas, como la educación y la salud, son una obligación del Estado independientemente de la construcción o no de una carretera”, recomienda el pronunciamiento.

Además, pide no utilizar la fuerza pública ante las comunidades que se resisten a ser consultadas. “Amnistía Internacional reconoce que es deber del Estado garantizar el orden público; sin embargo, reitera su llamado a que cualquier intervención de la policía o los militares debe ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad y solo deben utilizar la fuerza como último recurso, según lo prescriben las normas internacionales de derechos humanos que Bolivia se ha comprometido a respetar”.