Anteproyecto de ley contra avasallamientos es remitido al Fiscal General del Estado

Oruro, (EL DIARIO).- El fiscal de distrito, Gonzalo Martínez, anunció que se remitió ante el Fiscal General del Estado, un anteproyecto de ley contra el avasallamiento de terrenos, con el objetivo de proteger predios que tienen su dueño, porque no se puede permitir la ocupación de terrenos por gente que no tiene derecho propietario.

Según la autoridad, el avasallamiento de terrenos debe ser considerado un delito, incorporado al Código Penal para ser sancionado con reclusión en las cárceles del país, ante la proliferación de esa clase de hechos que a diario se suscitan en Oruro, como en otras regiones de Bolivia.

“Hemos visto que, los terrenos son vendidos con absoluta facilidad por gente que no tiene documentos de propiedad. Los dirigentes se están enriqueciendo con la ocupación y la venta de los terrenos”, dijo el fiscal.

Ante la falta de una normativa concreta, los dirigentes vecinales realizan un descontrolado uso y abuso de poder, tanto para la distribución de tierras como para la construcción de las nuevas urbanizaciones en la jurisdicción del municipio de Oruro, sin tener ni siquiera un plano aprobado por el Municipio.

El presidente del Comité de Defensa de las Juntas Vecinales de la zona Sureste de la ciudad, Carlos Espinar, dijo que respaldará esa iniciativa, que partió tanto de la Federación de Juntas Vecinales, como del Fiscal de Distrito, para terminar con el avasallamiento de terrenos, que sirven para enriquecer a los dirigentes del denominado Movimiento sin Techo.

“Ellos han ocupado extensos terrenos de la ciudad, desde el 9 de marzo del 2006 y han distribuido pequeños lotes a uno y otro ciudadano, a cambio de dinero. Con ese dinero, se han comprado vehículos de lujo y ahora están construyendo sus casas de tres o cuatro plantas en las zonas periféricas”, afirmó.

El avasallamiento de terrenos –dijo-, se ha convertido en un negocio de algunos dirigentes, para su enriquecimiento ilícito, porque están vendiendo terrenos que no les pertenece y que se pretende legalizar con una ley de regularización del derecho propietario, cuando en realidad, se trata de gente que negocia con lotes.