Derrumbe del comercio legal por la corrupción

Cuando la práctica de faltas que atentan contra el bienestar de un país se hace común y corriente, es lógico que sus consecuencias contaminen todo lo que se hace. Este es el caso del contrabando: es medio, sistema o modo de operar de quienes viven al margen del ordenamiento legal, y cuanto menos se lo reprime, crece imparablemente.

La convivencia con las prácticas del contrabando -a lo que se le da diferentes nombres y razones- con el comercio legal de un país, implica que todo tienda a contaminarse porque quien consume mercadería de uso o consumo procedente del contrabando, contribuye a su crecimiento, puesto que también en el delito se aplica aquello de que la demanda produce mayor oferta y la internación de mercadería al país, sin cumplir los lineamientos legales, es apoyar al delito y hacerse parte directa del mismo.

El contrabando ha sido y es práctica de muchos estratos poblacionales, sea por razones de necesidad, de ambiciones o simple práctica delictiva organizada y que está acompañada de muchos tipos de delitos; pero su práctica crónica, delimitada, bien conformada y sostenida en casos por las mismas autoridades con la no aplicación de las leyes y la práctica de las políticas permisivas del “dejar hacer y dejar pasar”, determina la organización de cuadros que, con su crecimiento, comprometen a mayor cantidad de personas y hasta organizaciones e instituciones.

Innegablemente, las condiciones de pobreza en que puedan subsistir o vivir muchos estratos sociales es también factor importante para que la economía informal, integrada generalmente por la práctica indiscriminada del contrabando, crezca y, mucho más, cuando las propias autoridades de un país reconocen que no pueden adoptar muchas medidas porque es el medio de vida que tienen esas personas, que anularlo sería condenar a mayor pobreza y miseria a muchas familias y, además, que su represión implicaría que haya dedicación a otro tipo de delitos, como es el narcotráfico que siempre está en búsqueda de comercializadores que amplían los campos de los consumidores de droga.

El contrabando implica que los valores morales de una población no están debidamente arraigados porque ceden ante la tentación de “lo más barato, práctico y al alcance de las manos”; por el contrario, el comercio legal tiene muchas obligaciones que abarcan desde lo tributario hasta el pago de sueldos y salarios, alquileres, gastos de comercialización, derechos aduaneros, reservas sociales y tributarias que forzosamente se hacen parte de los costos de la mercadería puesta al servicio del público. El contrabando no tiene la mayor parte de estas obligaciones y, además, tiene posibilidades de ampliar sus espacios de comercialización y diversificar su economía.

El contrabando no sólo cuenta con los corruptos sino que también tiene poder sobre y proveniente de los corruptores; cuando hay algunas personas que fungen como autoridades, el mal crece y, mucho más cuando el delito es de ida y vuelta o sea el que introduce ilegalmente al país como el que dispone de los bienes del pueblo y los vende por vías ilegales en el exterior.

El problema es grave y su desaparición no sólo costará la adopción de duras medidas sino que implicará la educación en valores de una población que normalmente está acostumbrada a la adquisición de lo que le implica menos gastos -aunque, en la práctica, hay mercadería que cuesta más que en el comercio legal-. El Gobierno no sólo tendrá que aplicar medidas represivas contra el delito del contrabando en general, sino que deberá combatir la prostitución de valores de parte de su burocracia que de una u otra manera haya sido contaminada.