Al cumplirse 59 años de la reforma agraria que puso en aplicación el Movimiento Nacionalista Revolucionario en 1953 mediante un Decreto-Ley, es posible hacer, en una perspectiva histórica más amplia, una evaluación más concreta de esa medida económica. Es una evaluación tanto más necesaria porque el problema agrario boliviano se encuentra en situación dramática y, en algunos aspectos, con franca tendencia a retroceder a los tiempos anteriores a esa disposición.
En primer lugar, con la reforma agraria del MNR de 1953 se dio un salto importante al liberar al hombre, pero no liberó la tierra. Por esa limitación, el naciente nuevo sistema de producción capitalista-campesino chocó contra la infranqueable barrera de la arcaica distribución comunitaria de la propiedad del suelo, que no permitió a la economía agraria superar totalmente el estado de atraso en que se encontraba y persiste hasta el presente en el país.
A esos dos aspectos se sumaron otros agravantes a partir de la contrarrevolución de 1964, cuando se puso en marcha una contrarreforma agraria con los objetivos centrales de restaurar el viejo orden de las haciendas feudales, vale decir, retornar al sistema de colonato feudal y mantener y consolidar la antiquísima forma de distribución de la propiedad de la tierra, que nació antes de las invasiones incaicas al Kollasuyo y fue heredada, en forma invariable, desde entonces y subsiste hasta ahora.
El principal problema de la reforma agraria de 1953 fue que no resolvió el problema de la tierra y en realidad lo conservó con el Decreto de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley en 1956. Agravando ese estado de cosas, después de 1964, sucesivos gobiernos pregonando a tambor batiente que continuarían aplicando la disposición, lo único que hicieron fue restaurar el sistema precolombino de propiedad de la tierra, sin dejar de intentar reponer formas de trabajo feudales.
Después de varios intentos frustrados, en 1996 se enfocó el problema de la propiedad del suelo, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, mediante la Ley INRA, la misma que lo único que hizo fue consolidar y legalizar aún más el sistema preincaico de la distribución de la propiedad de la tierra, dando así un nuevo y gigantesco paso hacia atrás en la economía agraria.
Surgió entonces una abierta oposición a la Ley INRA, tratando de que nuevos gobiernos superen esas aberraciones y en espera de que un nuevo régimen político ponga fin al desorden en torno a la propiedad de la tierra, el mismo que constituye la causa principal de la crisis económica y social que padece el país.
Sin embargo, en vez de solucionar ese gravísimo problema, nuevos gobiernos, en especial el actual, procedieron a prolongar la restauración de 1964 y contrarrevolucionaria Ley INRA de Sánchez de Lozada, dando continuidad, en la forma y en el fondo, a esa Ley antidemocrática y anticampesina, con el título engañoso de “Ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria”, en especial mediante el procedimiento llamado “saneamiento” de tierras, cuyo objetivo central es mantener y consolidar el antiquísimo sistema de relaciones de propiedad del suelo.
Esa nueva legislación agraria en vigencia y la parte agraria de la actual Constitución Política del Estado, conservan invariable la esclavitud de la tierra y, en esa forma, mantienen y consolidan el antediluviano sistema de relaciones de propiedad de la tierra y, a la vez, impiden con uñas y dientes el desarrollo de las nuevas y poderosas formas productivas de los trabajadores campesinos, con el agravante que éstos fueron reducidos, desde un punto de vista racista y colonial, a la condición de “indígenas” o “indios”.
En síntesis se puede decir que ninguna de las medidas legales dictadas en el siglo pasado y el presente, en cuanto a la propiedad de la tierra, ha sido positiva y, más bien, se ha hecho y hace todo lo posible para que esa situación no cambie y, lo que es peor, se retroceda a sistemas tan antiguos que se pierden en la noche de los tiempos.
Una evaluación de la reforma de 1953 ofrece, pese a sus avances, un desolador panorama, ya que lo poco que avanzó quedó anulado y se retrocede a niveles todavía más bajos.
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