Ámbitos de sometimiento al oficialismo

La exclusión del caso Chaparina del ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti y la permanencia como asambleísta departamental de Gabriel Pinto Tola, sentenciado a 30 años de prisión por el asesinato del alcalde de Ayo Ayo en 2004 -ambos activos militantes del MAS- han conmovido nuevamente a la población. En cuanto a la represión a la VIII Marcha del TIPNIS, el Ministerio Público acepta la versión del ex Ministro de que “se rompió la cadena de mando”, liberándolo de toda responsabilidad.

Obviamente hay señales que ponen en duda tal argumentación y convierten en por lo menos apresurada la decisión anunciada por Betty Yañíquez, Fiscal de Distrito de La Paz. Si se añade otros casos de ceguera profesional y calculada omisión de investigaciones, queda al descubierto el sometimiento y la falta de independencia de la institución fiscal, seguida de cerca por el aparato judicial.

El goce de licencia de Gabriel Pinto, asambleísta por la provincia Aroma, raya en el encubrimiento con el pretexto pueril de que no se recibió la copia de la Sentencia condenatoria, pese a que la familia del inmolado alcalde la remitió al presidente de la Asamblea, Eloy Tuco (MAS). La supuesta no recepción del documento condenatorio reduce a un factor meramente formal la actuación de la mayoría masista en la Asamblea Departamental, ante las evidencias de la juzgada comisión de delito por dicha persona.

Tampoco se ha citado a declarar al vicepresidente Álvaro García, quien había afirmado conocer de dónde fue impartida la orden de intervenir en Chaparina, aunque al presente calla como una tumba. Como en otros hechos protagonizados por las autoridades, se aprecia una serie de negaciones, de apariencias encubridoras de la verdad, como escape a las responsabilidades, convirtiendo esta actitud en una constante del Gobierno por el afán de convencer de lo contrario de los hechos.

¿Qué se consigue con ello? Enredar más las cosas, ingresando al terreno deleznable de lo que no es. En este tren muchas veces queda contradicha la lógica y sentido común, además de ignorar que el ciudadano boliviano tiene un desarrollado olfato político y no se deja engañar, pero en contrapartida el oficialismo insiste en salir con la suya, imponer “su” verdad a como dé lugar. Procedimientos de esa naturaleza pervierten las relaciones Estado-sociedad y se traducen en desconfianza.

Si la licencia al convicto Gabriel Pinto Tola cae en complicidad al permitirle evadir el fallo de la Justicia, su elección en las listas del MAS el 2010 -mucho después de haber sido sentenciado el 2006- es una demostración del aparato gubernamental de “impunidad poderosa” en lo político y en lo ético, afrentando al pueblo en su conjunto. Sólo para tocar un tópico: ¿dónde queda la Ley Marco de Autonomías en sus drásticos artículos que mandan separar a gobernadores, alcaldes y otros elegidos por una simple acusación fiscal formal? Sin duda, las normas punitivas cercenan solamente a opositores y no se aplican a autoridades del oficialismo cuando éstas violan la ley.