Ley de Seguro para los Periodistas discrimina fuentes de financiamiento

La normativa elaborada por el Ejecutivo para dotar de un seguro de vida a los trabajadores y trabajadoras de la prensa busca confiscar el 1 por ciento de los ingresos brutos de los medios de comunicación, pero reduce el monto a un cuarto (0,25%) para medios “independientes” y medios comunitarios, en clara discriminación a las fuentes de financiamiento de este seguro.

En el Art. 6 de la Ley de Seguro de vida, contra Accidentes y Enfermedades de las y los Trabajadores de la Prensa, “Hermanos Peñasco Layme”, el fondo para el seguro de vida, se constituirá con el aporte del 1% de los ingresos brutos generados por los medios de comunicación privados y públicos. Mientras que los productores independientes autogestionarios, medios de comunicación de pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas, medios sociales comunitarios aportarán solamente 0,25% de sus ingresos brutos anuales.

La norma también establece que el control de los aportes, estará a cargo del Servicio Nacional de Impuestos, en base a la revisión de los estados financieros anuales de los medios de comunicación.

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, en entrevista con EL DIARIO, explicó que las modificaciones a este artículo, fueron propuestas por las organizaciones que representan a la prensa en el país y que existió el consenso necesario al socializar la norma.

Dávila, señaló que los medios de comunicación privados y públicos, cuentan con altos ingresos económicos, lo que no sucede en los medios originarios campesinos y comunicadores independientes, por lo que se estableció la diferencia entre el 1% y el 0.25% de los aportes.

Asimismo, la autoridad aclaró que los aportes serán derivados a un fondo común para que todos los trabajadores de la prensa, puedan acceder al beneficio de seguro de vida y enfermedades, de manera equitativa.

“No es el medio el que otorgará el seguro, será el fondo común. Los aportes de los medios, sean grandes o pequeños, lo harán de acuerdo a su capacidad económica y no serán identificados por nadie. Un trabajador que necesite de este seguro podrá acceder del fondo en su totalidad”, puntualizó.

Finalmente, la titular de esta cartera de Estado, aclaró que el proceso de socialización ya culminó, por lo que el proyecto de Ley, no volverá a ser debatido.

A su turno, el presidente de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), Raul Novillo, calificó esta medida de discriminativa, ya que los empleados de todos los medios, deben ser considerados de la misma manera.

“Las estaciones comerciales tienen ingresos de orden publicitario, las estaciones radiales comunitarias, deben tener sus fondos o se adscriben al Tesoro General de la Nación (TGN). Es evidente que hay medios radiales, como las radios de los cocaleros tienen más ingresos de lo que uno supone, esta es una situación muy delicada, se debería atender esto de manera individual”, señaló.

Novillo indicó que esta norma, prácticamente impone un impuesto adicional a los medios de comunicación, lo que agudiza la problemática. Explicó que las empresas tienen que contribuir a la Caja Nacional de Salud (CNS), por lo que la Ley suma un gasto más al medio, lo que derivaría en serias consecuencias que afectarían a los empleados.

“Esto puede significar una reducción de personal, y modificaciones a su presupuesto que vayan en contra de los mismos trabajadores”, afirmó el entrevistado.

Respecto al fondo común, del cual todos los trabajadores de la prensa podrán acceder, en caso de enfermedad o un seguro de vida, Novillo manifestó la susceptibilidad de nuevos casos de corrupción.

Por otro lado, la normativa, determina que el beneficio alcanzará a todos los funcionarios de un medio de comunicación, además de los periodistas, se trate de un medio público o privado.