Consulta previa que no debería seguir

Consultar una cuestión ya resuelta y llevada a cabo, no es lógico ni conveniente en ninguna negociación; es una especie de “negocio de tiranos” donde se pretende imponer la voluntad de una parte sobre la otra porque se tiene la fuerza de la imposición. Esto es lo que ocurre en el caso de los problemas del TIPNIS y los intereses de los indígenas.

El Gobierno no quiere entender que la construcción del camino Beni-Cochabamba no es posible, simplemente por el hecho de que no contempla los intereses de los indígenas que viven en la región de Isiboro Sécure y menos conviene porque atentaría contra un parque designado como área fiscal y reserva que, prácticamente, es privativa no sólo del país sino de toda la humanidad.

¿Por qué los caprichos de imponer a los campesinos habitantes del TIPNIS la voluntad del Gobierno cuando no hay razones valederas? ¿Qué saca el Gobierno con un capricho cuando podría llegar a los mismos objetivos si se desvía la ruta y no se atenta contra la naturaleza y la preservación de la vida, seguridad y derechos de indígenas que arguyen, con mucha razón, derechos propietarios en la región y, además porque cuentan con el apoyo de la misma Constitución Política del Estado?

Se ha rescindido los contratos con la empresa OAS que ya avanzó en el camino porque el Gobierno así lo decidió. Sin embargo, hay persistencia para continuar con las obras y se cree que con la consulta se podrá llegar a resultados favorables al Gobierno y, sobre todo, de los sectores que apoya y entre ellos están cocaleros que desean plantaciones en toda esa región. Lo correcto es reconocer que la consulta previa no tiene razón de ser.

El Gobierno tiene conciencia de que no es posible la construcción de la carretera, mientras no sean estudiados debidamente los nuevos trazos que impliquen la mejor opción, especialmente si se tiene conciencia de que construir la carretera cruzando el TIPNIS afectaría seriamente la biodiversidad y sería contraria al país y la preservación de sus inmensas riquezas, además de destruir extensas regiones.

El país en apoyo a los indígenas del TIPNIS ha tomado el caso con gran interés y ha buscado, desde inicios de la 8va. marcha hasta la conclusión de la 9na., que debe regir plenamente la Ley 180 y se debe derogar la 222 referida a la “consulta previa” por ser atentatoria en todo sentido.

La insistencia en construir la carretera Villa Tunari - San Ignacio, cruzando los territorios indígenas Isiboro Sécure (TIPNIS), ya ha causado muchas víctimas entre los indígenas que sólo defienden sus derechos y exigen que el Gobierno respete sus vidas y no repita, en cualquier momento, los extremos producidos en Chaparina; utilizando medidas como las que buscaron reprimir todo derecho en la sede de gobierno atentando contra la vida de mujeres, niños y ancianos sin respetar los derechos humanos.

Quienes arguyen tener derechos sin tenerlos sobre el Isiboro Sécure, como es el caso de campesinos llegados de otros sitios y, más concretamente, cocaleros que buscan ampliar sus plantaciones de coca, deberían ser expulsados de la región o, de aceptarlos, hacerlo en conjunción con los interesados, o sea indígenas del TIPNIS, siempre que no sea para cultivar coca ni cometer tropelías como las sufridas hasta ahora a título de realizar una consulta que está muy lejos de ser correcta.