El Defensor destaca la propuesta de indultar a reos con delitos menores

(Agencias).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, destacó ayer la intensión de presentar por parte de la Dirección de Régimen Penitenciario un anteproyecto de Ley de Concesión de Indulto por Razones Humanitarias que beneficiaría al menos 2.000 internos con sentencias ejecutoriadas en todo el país.

Villena calificó de positiva la iniciativa de impulsar la aprobación de una Ley de Indulto con el objetivo de reducir el hacinamiento en los centros carcelarios del país, que podría favorecer a adultos mayores, enfermos terminales y mujeres que cumplen su pena junto a sus hijos.

“El hacinamiento y deficiencias en la infraestructura carcelaria son una problemática que el Estado tiene pendiente por resolver y la aprobación de un indulto, si bien no es la solución, puede ayudar a mitigar en algo el problema”, manifestó el Defensor del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo, recibió quejas de personas adultas detenidas en el penal de San Pedro de La paz, que solicitaron se valore la situación de cada uno y se les pueda permita cumplir su sentencia en sus domicilios, lo cual estaba en consulta con Régimen Penitenciario.

Otro tema que preocupa a Villena, es la situación de los niños y niñas que están obligados a vivir en las cárceles junto a sus padres o madres debido a que no tienen a quien encargar su cuidado.

Villena anunció que solicitará una reunión con el director general de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, a efectos de orientar el proceso del indulto en el marco de las observaciones hechas por la Defensoría del Pueblo al anteproyecto de ley referido.

De acuerdo a datos de la Dirección de Régimen Penitenciario, existen 13.244 internos e internas en las cárceles de todo el país y los beneficiarios y beneficiarias de la futura norma serían, además de personas adultas, enfermos terminales y mujeres con niños, jóvenes sin antecedentes delictivos.

El director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, declaró que con el indulto se espera beneficiar al mayor número de personas recluidas por delitos menores, lo que permitirá disminuir los niveles de hacinamiento de los centros de reclusión.

La Ley de indulto analiza beneficiar sobre todo a los que tienen condenas de hasta ocho años, entre ellos a los detenidos por haber transportado droga, por primera vez como “mulas”, los cuales, según Llanos, han sido engañados por los “capitalistas” del narcotráfico.

Los reclusos en Bolivia, dijo, son en su mayoría indígenas, un 98 % son pobres y un 84 % no tienen sentencia pero están retenidos en los penales de forma preventiva, pese a que la justicia puede darles la opción del arresto domiciliario.

Otro sector que puede ser beneficiado es el de los novatos o “primerizos” porque, a su juicio, son personas que tras su primera experiencia delictiva “están arrepentidos y necesitan otra oportunidad”.