Avasallamientos a la propiedad privada

El mandamiento aymara o quechua proveniente del viejo pasado (en casos se piensa que fue concebido por los españoles para tener una especie de regla que sirva a los indígenas para el cumplimiento de su trabajo): “Ama llulla, ama khella, ama sua”, tiende a ser olvidado porque hay poca práctica del mismo. Estas tres sabias enseñanzas quedan en nada porque los primeros que deberían cumplirlas las evitan en su práctica, aunque, partidariamente, las utilizan para convencer a correligionarios y a “masas” a las que se necesita persuadir.

Los avasallamientos a la propiedad privada por parte de mineros cooperativistas o no, campesinos y depredadores delictivos, muestran que se hace más difícil contener la ambiciones y las ansias de quienes están decididos a hacerse de lo ajeno recurriendo a cualquier método y llegando, a veces, al asesinato. La Policía queda anulada ante la multiplicidad de hechos que muestran el latrocinio y los actos criminales de grupos que buscan enriquecimientos fáciles y, en algunos casos, se apoyan en partidos políticos como si ellos fuesen garantías para las fechorías.

Lo grave de esta situación es que cuando delincuentes llegan a caer en manos de la policía y son puestos en los tribunales para el juzgamiento respectivo por parte del Poder Judicial, no hay forma de que las leyes se cumplan, porque al paso de días, semanas o pocos meses de presidio y trámite fiscal de los casos, sin que haya visos de sentencia quedan libres, por “descuido policial” o simplemente “porque así lo decidió la autoridad judicial respectiva”. ¿En qué quedaron las investigaciones y las labores de fiscales y jueces? En que,en poco tiempo más llegarán otros autores de muchos delitos para ser “juzgados” y se repite una cadena interminable porque no hay forma de que la administración de justicia actúe con la efectividad, celeridad, honestidad y responsabilidad que debería.

“Vivir en ascuas” y bajo el temor de perder lo que se tiene es una tragedia que vive el pueblo, porque la delincuencia crece y quienes deben reprimirla decrecen. Esta es una realidad que no se remedia porque los cuadros policiales no merecen por parte del Gobierno la atención debida y el último problema habido se arregló con el “pago de 100 bolivianos” para “comprar pan” y el pedido de los policías quedó al aire y ellos, oficiales de baja graduación, clases y tropa: “bien gracias” y con el mensaje que usan las FFAA desde hace tiempo: “Resignación y constancia”, porque no hay forma de contrarrestar el poder de la criminalidad desencadenada contra la propiedad privada.

Son múltiples los hechos criminosos referidos a avasallamiento en propiedades privadas que nadie investiga; sería tiempo para que el Gobierno, administrando finalmente el país y, el propio poder Judicial, haciendo algún honor a la confianza recibida en elecciones de octubre pasado, cumplan las funciones y deberes que tienen, actuando en contra de los que atropellan todo derecho y “se hacen” de la propiedad ajena atenidos a una especie de impunidad e inmunidad de la que hacen gala.

El pueblo no debe quedar en la indefensión permanente. Es tiempo de un accionar responsable y enérgico de quienes están destinados a preservar la tranquilidad y la propiedad privada de la población; de otro modo, todo el país quedará a disposición de los que buscan atropellarlo todo e imponer “reglas de conducta” que conjuguen, en sus consecuencias, con lo que hace el narcotráfico.