Lo que no debemos callar
El pasado jueves 19 de julio nuestra nota se refería a una pregunta que circuló en la opinión pública, originada en una información de la revista brasileña “Veja”, que con caracteres de escándalo hizo referencia a algunos funcionarios que rodean al presidente Evo Morales, supuestamente comprometidos con el narcotráfico.
Aquello parecía que hubiera quedado en el olvido, puesto que los inculpados simplemente se escudan en la figura del Primer Mandatario, y no asumen actitud de defensa frente a lo que señalaron como supuesta infamia, observándose una suerte de “nomeimportismo”, pese a que el escándalo salpicó a nuestro país y obviamente al sistema político vigente, al extremo de que los organismos internacionales calificaron a Bolivia como el segundo país productor del narcotráfico, recibiendo la respuesta de algunos funcionarios oficialistas con una protesta, como pretendiendo desmentir aquella realidad.
Curiosamente, el presidente Evo Morales en el discurso del pasado lunes en la ciudad de Oruro, como contradicción a lo dicho por sus funcionarios subalternos, ha reconocido hidalgamente que su gobierno enfrenta dos debilidades: el narcotráfico y la corrupción.
Pero pese a dicha confesión, no se ha planteado alguna propuesta por parte de S.E., menos por sus “colaboradores”, cuando es obligación de éstos (para eso pagamos los bolivianos) diseñar estrategias efectivas para extirpar ambas lacras.
Tanto la corrupción como el narcotráfico son conductas antijurídicas que merecen toda la atención del Gobierno, y para ello será necesario aplicar todos los medios materiales, paralelamente utilizando los mejores recursos humanos y económicos, sin los cuales no se podrá conseguir resultados en una lucha que debe ser a muerte.
En forma permanente se ha estado juzgando a los anteriores gobiernos como responsables de ambas conductas, pero lo cierto es que en este gobierno han aflorado los arribistas dedicados a enriquecerse a cualquier costa, de manera que los actos de corrupción se están multiplicando en todo el país, sin que se pueda castigar a sus culpables, pese a que el presidente Morales dijo: “…quienes siguen pensando en robar se equivocan, ahí está la justicia para meter a la cárcel a cualquier corrupto, MEJOR si son del MAS o dirigentes sindicales, para demostrar que aquí se castiga, primero en casa, ese siempre será el comportamiento del Gobierno nacional” (sic).
Es verdad lo que sostenemos porque, particularmente en el área rural, actos de corrupción con dinero del pueblo proliferan, sin que poder alguno pueda poner coto a esos delitos. En cuanto al narcotráfico, que se ha multiplicado ostensiblemente, tampoco hay una estrategia que parta del problema de la coca, por ser este recurso natural la mejor materia prima para la elaboración de la cocaína, menos un plan eficiente para el control de las sustancias liquidas que vienen de fuera del país, sin cuyos elementos sería imposible la proliferación del narcotráfico.
En cuanto a la reducción de cultivos de la hoja de coca, no es cierto que ésta hubiera sido efectiva, y paradójicamente, no se aplica lo determinado por la Ley 1008 que continua vigente en el país en relación con la superficie admitida, ya que aquellas 12.000 hectáreas que están en la legalidad, crecieron hasta más de las 35.000 hectáreas, aunque lo desmienta el Viceministro de Defensa Social, en razón de ser evidente la multiplicación producida particularmente en el Chapare, al extremo de que en el Norte paceño también se observa la ocupación de tierras por la sobreproducción de coca.
Es pertinente reconocer la confesión del presidente Morales en su discurso ante la Asamblea Legislativa en Oruro, el pasado 6 de agosto, que es una muestra de hidalguía, amén de ser lo único rescatable de ese discurso.
(El ejercicio del poder corrompe y su sometimiento degrada).
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