Alejandro Almaraz
El exviceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, explicó que la problemática del Tipnis, descubrió tres facetas del Gobierno que lograron un desgaste en su imagen. El autoritarismo, la vulneración a la ética y la concepción de desarrollo que no beneficia a los pueblos indígenas.
Como primer aspecto, la exautoridad mencionó al temperamento autoritario del Ejecutivo con los pueblos indígenas de Tierras Bajas, desde una de las primeras menciones que hizo, referidas al proyecto carretero.
“El conflicto del Tipnis, se ha generado por el mismo Gobierno, porque antes de la octava marcha, el Presidente dijo que la carretera se iba a hacer ‘sí o sí’. Los indígenas pidieron la consulta y el Gobierno negó esta posibilidad. Después de la aprobación de la Ley 180, se promueve la consulta previa a través de otra ley, generando un proceso supuestamente democrático, donde lo único que falta es atar a los indígenas a los árboles, amordazarlos y consultarlos”, señaló a EL DIARIO.
Las vulneraciones a la ética se hacen evidentes cuando el Primer Mandatario promulga la Ley 180, que protege al parque Tipnis, con la intangibilidad del territorio, para luego aprobar una normativa que promueve el proceso de consulta para viabilizar la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, eliminando la condición de intangibilidad en la reserva natural, agregó Almaraz.
“Por último, la concepción del desarrollo, no puede ser beneficiosa de la manera como la presenta el Gobierno, olvidando que la carretera no necesariamente significa desarrollo. Este tema parte de una acción directa del Presidente hacia los pueblos de Tierras Bajas”, afirmó.
DENUNCIA
Asimismo, Almaraz ratificó las denuncias del periódico digital Bolpress, la que advierte que a finales del año 2011, se habrían registrado intensas actividades de cultivo ilegal de la hoja de coca y fábricas de cocaína en el Polígono 7.
“Y esa información viene de un informe del ministro de Gobierno, Carlos Romero al presidente Evo Morales, que el Ejecutivo no ha desmentido en ningún momento. No veo en qué modo el Gobierno puede negar que el modo más directo y de fuerte impacto que tendría la carretera sería la expansión de estos cultivos de coca”, manifestó.
Finalmente, sobre el caso de la represión policial a los indígenas en Chaparina, Almaraz aseguró que gradualmente, el Gobierno pretende consolidar la impunidad, para evitar que se sancione a los responsables.
“No puede ser que sólo unos funcionarios o un par de altos mandos policiales, se hayan encargado de un operativo tan organizado en contra de los indígenas. (…) Si el Presidente, no dio la orden, ¿Porqué no hizo nada para detener la represión cuando las primeras imágenes se difundieron por los medios?”, cuestionó.
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