Más discursos menos alimentos

A principios del año pasado el país registró una notable crisis de alimentos que se tradujo en escasez de productos y considerable alza de precios, hechos que causaron malestar en la población y obligaron al Gobierno a prohibir la exportación de algunos granos y azúcar y, a la par, hacer cuantiosas importaciones de algunos alimentos, como recurso destinado a evitar la protesta de los sectores populares, ya en estado de alerta por el gasolinazo anunciado a fines del año 2010.

La alarma que produjo esa crisis de alimentos finalmente llegó a preocupar al Gobierno y procedió a imaginar algunas soluciones. Entonces, para aminorar la inquietud social se sacó a flote fórmulas tranquilizadoras como la Soberanía y la Seguridad alimentarias, que fueron acuñadas años antes, aunque más como ofertas líricas que como soluciones objetivas.

En ese sentido, a lo largo del año pasado, las autoridades hicieron conocer un rosario de soluciones anticipando una nueva crisis y procedieron a anunciar y dictar varias disposiciones, entre ellas una ampulosa Ley de de la Revolución Productiva, prometiendo una serie de programas destinados a tranquilizar al pueblo.

Entre los ofrecimientos estaban un proyecto de agua, ayuda a los agricultores con créditos, creación del seguro indígena, búsqueda de apoyo para agricultores grandes y pequeños, respaldo a terratenientes cruceños, auditoría para saber si hay tierras improductivas, así como muchas otras noticias que hacían soñar con reducir la pobreza, grandes cosechas, baja de precios, exportaciones, reducción de importaciones de maíz, trigo, harinas, frutas, etc.

Ante tal alud de ofertas poco menos que demagógicas para alcanzar la “seguridad alimentaria”, en su discurso con motivo del 2 de agosto (llamado “Día de la Revolución agraria”) el presidente Evo Morales fue más allá e insistió en el proyecto de la “revolución productiva” y en acto continuo firmó tres decretos en Oruro, el primero destinado a crear la Empresa estratégica de producción de abonos y fertilizantes con presupuesto de 27 millones de bolivianos; el segundo que funda la Empresa de Producción de Semillas con presupuesto de 41 millones de bolivianos y el tercero que funda el Consejo Económico Productivo.

Al respecto se puede anticipar que las promesas del Gobierno para alcanzar la seguridad en alimentos, que se anuncia con bombos y platillos desde hace seis años, no son nuevas y más bien son repetición machacona del mismo discurso. Pero eso no tendría mayor significación, pues lo importante es que esos anuncios o no se hacen realidad o están destinados a fracasar por falta de condiciones básicas que permitan su aplicación, desarrollo y éxito. Por tanto terminarán en un enorme cero y con derroche de los ofrecidos cien millones de bolivianos.

En esa forma Bolivia estará cada vez más lejana de la cacareada “Soberanía alimentaria”, los campos producirán menos alimentos, los precios seguirán subiendo, la importación y contrabando de productos se mantendrá en alrededor de mil millones de dólares al año, la colonización del país seguirá aumentando, etcétera. Sólo dos productos seguirán en ascenso: la producción de coca y los grandilocuentes anuncios oficiales, que son como querer curar la viruela por decreto.