Ministerio Público presentará pruebas contra exPrefecto

Oruro, (EL DIARIO).- El Ministerio Público presentará las pruebas necesarias para lograr una sanción penal contra el exprefecto del departamento, Alberto Luis Aguilar Calle, y sus inmediatos colaboradores que participaron en el fallido proyecto del Puerto Seco de Oruro que, supuestamente había concluido su estudio, pero la actual gobernación rechazó la carpeta por inconcluso.

El fiscal de distrito, Gonzalo Martínez, dijo que las pruebas están preparadas para su presentación en la primera audiencia que se realizará en el juicio oral que se debe instalar en el Palacio de Justicia, después de haber concluido la imputación y las observaciones que realizó la defensa de Aguilar, para impedir el proceso.

“Los fiscales están preparados para presentar la documentación pertinente sobre el caso del Puerto Seco, con el objetivo de lograr una sanción”, dijo Martínez. La comisión de fiscales está integrada por Aldo Morales Alconini, René Losantos Saravia y Alfredo Santos Canaviri, cuyo trabajo de investigación se prolongó más de dos años.

Hasta el momento existen 29 pruebas que han sido acumuladas para su presentación en el juicio oral. En la primera parte, se ha logrado reunir las pruebas única y exclusivamente contra los ex funcionarios públicos, militantes del Movimiento al Socialismo, y que durante cinco años estuvieron al mando de la Prefectura del Departamento de Oruro.

En la segunda parte, se presentarán las pruebas para la imputación de los técnicos y autoridades de la empresa Prointec, que se encargaron de realizar el estudio del Puerto Seco haber recibido más de diez millones de bolivianos por ese trabajo no concluido. La empresa Prointec advirtió haber culminado el proyecto y entregado a satisfacción del ex prefecto Aguilar, pero el actual gobernador, Santos Tito Veliz y su equipo técnico, rechazó el mismo, por inconcluso.

Según el fiscal Aldo Morales, al juicio oral se sumaron dirigentes del Comité Cívico de Oruro, la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y el Gobierno Autónomo Departamental. De la misma forma, se encuentra el Ministerio de Transparencia y Anticorrupción, para exigir la aplicación de una sanción por supuesta conducta antieconómica y daño económico al Estado.

Los delitos supuestamente cometidos por el ex prefecto y sus colaboradores son: Incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y otros. Según el fiscal Morales, “la empresa no cumplió los requisitos pertinentes para participar en la adjudicación del proyecto del Puerto Seco y tampoco presentó a los profesionales que supuestamente han trabajado en la elaboración de ese estudio”.

El juicio oral se realizará el jueves 6 y viernes 7 de septiembre, según la resolución judicial emitida por el Tribunal de Sentencia que admitió el proceso. En la audiencia, los jueces se encargarán de evaluar las pruebas y emitir el fallo correspondiente, ya sea de absolución o de condenación.

Los abogados de Luis Aguilar Calle y otros anunciaron que buscarán la absolución del imputado, porque supuestamente la ex autoridad cumplió los pasos legales para la adjudicación y la recepción del estudio del Puerto Seco, en los plazos previstos, tal como señalan las pruebas.

En el proceso, están involucrados también Victor Hugo Moreno, encargado del proyecto, Tomás López, secretario general de la ex Prefectura, Patricia Jaldín, ex directora administrativa y Fidel Gutierrez, ex asesor jurídico de esa institución. El incumplimiento de deberes y contratos lesivos contra el Estado, son los principales delitos que habrían cometido también los ex funcionarios y ex colaboradores de Alberto Luis Aguilar.

Sin embargo, la actual gobernación, dirigida por Santos Tito Veliz, tampoco ha podido completar el estudio encargado a un equipo de profesionales de la misma institución, para la localización y construcción de ese proyecto demandado por las instituciones cívicas del departamento de Oruro.

El proyecto debía ser instalado en Soracachi, después en Jiquilla y ahora se busca otro lugar, que sea menos oneroso para los intereses económicos de la Gobernación.