No se sabe si llamar euforia legislativa o demagogia extrema a los acontecimientos peculiares que marcan el desenvolvimiento público bajo los auspicios del partido oficial. Los últimos gritos de esa moda son dos proyectos de ley que vienen siendo canalizados para su aprobación. El primero se denomina “Ley de Despatriarcalización del Servicio Público”, presentado por el Viceministerio de Descolonización y tiene por objeto que con carácter obligatorio los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral alberguen un 50% de mujeres y, por supuesto, también las gobernaciones, los gobiernos municipales, las autonomías regionales e indígenas.
El segundo proyecto a cargo de la diputada Mireya Montaño del MAS, tiende a garantizar que las candidaturas electorales de los partidos políticos y/o agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas registren un 30% de “líderes juveniles” a partir de las elecciones más próximas, para cuyo efecto dijo recoger el pedido de organizaciones juveniles de El Alto.
Estos proyectos hacen necesarias algunas digresiones a partir de sus contenidos de “despatriarcalizacion” y “descolonización”. Con propiedad el primero de éstos debería llamarse Ley de Desmasculinización si se refiere a equilibrar el número de funcionarios varones con el de damas, aunque más coherente sería denominarlo de Incorporación Femenina a la Administración Pública o algo similar, pero se pretende recurrir a epítetos complicados con el afán de dar apariencias de “cambio”.
No conocemos, pues, a ningún patriarca que se desempeñe en la Administración Pública, por cuanto se llama patriarcas a ciertos personajes que según el Antiguo Testamento eran cabeza de dilatadas y numerosas familias, y aún conserva ese carácter en cierto sentido, cuando el Papa confiere el título de Patriarca a un prelado que no ejerce jurisdicción eclesiástica pero que convoca relevante devoción de los fieles. Estas innovaciones destinadas a impactar al grueso público, transitan terrenos deleznables e irreales. Algo parecido sucede con lo de “descolonización”, ya que todos sabemos que hace 187 años Bolivia dejó de ser colonia. Este término -como muchos otros- se ha extrapolado del lenguaje de Naciones Unidas cuando adecuadamente se refiere a los pueblos o regiones que en el mundo aún se mantienen en régimen colonial. Semejantes copias develan falta de originalidad.
En referencia al extravío de incorporar el 30% de “líderes” juveniles en las diferentes elecciones, así como en toda la Administración Pública y Descentralizada, no sólo cae en lo insólito a nivel internacional sino que, franqueza por delante, es dudoso encontrar jóvenes con trazas de liderazgo en nuestro medio, aunque admitirlo sea una realidad penosa. Volviendo otra vez al diccionario castellano, líder es un “impulsor o iniciador de una conducta social…”. Tampoco se conoce tales virtudes en el común de las nuevas generaciones. Sin duda hay líderes en formación, pero en otras actividades que nada tienen que ver con el aventurerismo político. Es voz general que bastante se ha hecho ya para devaluar la función parlamentaria en el país.
De modo que la suma del 50% de mujeres más un 30% de jóvenes en la función pública, sólo deja un 20% para el resto. No hay duda que el porcentaje de damas en ciertas reparticiones puede ser aun mayor al 50% considerando la naturaleza del trabajo o su mejor preparación. Debemos aspirar a que el bienestar y las condiciones económicas mejoren en tal medida que sea posible que la esposa, madre o hija no tengan que trabajar para aportar al sostenimiento del hogar, como ocurre al presente en un apreciable porcentaje. Cómo no ha de ser deseable que la mujer retorne a su papel natural de ama de casa y que ésta sea el reino de su amor y dedicación para un mejor servicio de la familia, de la sociedad y de las virtudes que sólo ella puede inspirar.
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