Gobierno arremete contra magistrado y sectores cuestionan revelación tardía

Como tardía, fue calificada la revelación que hizo el magistrado Gualberto Cusi, sobre una supuesta injerencia del Ejecutivo y el Legislativo en el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre el Tipnis. El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) Adolfo Chávez, asegura que los pedidos de renuncia contra el magistrado son “una factura a la deslealtad” por parte del Gobierno; en tanto, las autoridades gubernamentales han descalificado con duros términos al polémico jurista, en un caso que podría afectar la institucionalidad de la justicia en el país.

La polémica surgió el fin de semana cuando Cusi dijo que hubo injerencia de poderes “como siempre ha ocurrido”. Según dijo, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón y el diputado Héctor Arce estuvieron en Sucre antes de emitirse el fallo 300 sobre la consulta en el Tipnis.

El presidente del TCP, Rudy Flores, ratificó ayer que interpondrá un proceso por difamación al magistrado representante de El Alto, negando además cualquier reunión con miembros del Gobierno central. Sobre la petición de renuncia del magistrado más votado para esa instancia en las elecciones judiciales de octubre de 2011, Flores aclaró que es un debate que se realiza en la plenaria Tribunal, pero apela a que Cusi tome la decisión propia por su conducta errática.

El representante de la novena marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) Adolfo Chávez, dijo que la revelación de Cusi ratifica el sometimiento de los poderes del Estado al Ejecutivo, pero deploró que el jurista no haya “hablado en su momento”, denunciando un fallo que es perjudicial para esta parte de la sociedad que rechaza el proceso de consulta en la reserva natural.

“Que lo diga después esta fuera de tiempo y ahora le están pasando la factura de la lealtad, eso es lo que significa. Este gobierno está actuando en serie, porque ve cualquier opositor y lo liquida, no se pueden ocultar estas situaciones, el magistrado lo ha revelado, aunque tarde para no quedar mal”, declaró.

En tanto, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, criticó al magistrado e incluso lo comparó con el expresidente de Ecuador, Abdala Bucaram, quien fue destituido del cargo por sus constantes acciones y declaraciones públicas, que fueron catalogadas como “insanas” por la clase política del vecino país.

“Su lengua le ha vencido a su cerebro, habrá que ver otros temas, habló del 6 de agosto que lo otro es política (22 de enero) y lo otro es civismo (efeméride patria) y cosas así y habrá que ver si está en su cabales”, dijo la autoridad del Ejecutivo.

En tanto, el disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) y exconstituyente, Román Loayza, califica las acciones emprendidas contra el magistrado como una venganza del Ejecutivo por advertir un “hombre de ley que se debe al pueblo y no al gobierno de Evo Morales”.

“La actitud del presidente es el totalitarismo, tiene el poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, y como Cusi apoyó al Tipnis en su demanda eso está mal para Evo presidente y por eso le quieren meter una demanda. Como principal abogado debe defender al pueblo y eso está mal para Evo. Él debe renunciar con alegría, porque fue electo para defender al pueblo no al Gobierno, la justicia debe ser así”, manifestó.

DATOS

Parte del fallo constitucional:

“En conclusión, el derecho al territorio inherente a las naciones y pueblos indígenas, conlleva a otros derechos de carácter colectivo, que están ligados a éste por su propia naturaleza jurídica, es decir, este derecho implica la obligación del propio Estado a respetar tales territorios al grado de que si existe la necesidad de explotación de un recurso natural no renovable o la realización de un proyecto, o mega proyecto, de necesidad general, como la construcción de una hidroeléctrica o una carretera, dentro de territorios pertenecientes a un determinado pueblo indígena, o a varios pueblos originarios, el Estado está obligado a efectuar una consulta de carácter previo a la realización del proyecto, y naturalmente, al comienzo de las obras dentro del territorio indígena, el no hacerlo de esa manera genera una vulneración a los derechos de los pueblos indígenas al derecho de la consulta (…)”.