Gobierno propone a Llorenti para cargo de representación en ONU

El rumor circuló en las redes sociales y ayer se confirmó la aceptación del Gobierno central para que el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, sea designado como nuevo embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En palabras del vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, la exautoridad tiene el “perfil” para ocupar el cargo de representación en el organismo internacional. “Sí, consideramos que el señor Sacha Llorenti cumple todos los requisitos para hacer una buena presencia del Estado en el contexto internacional, especialmente allá, en Naciones Unidas”, dijo.

El propio presidente Evo Morales Ayma habría remitido una carta a la Asamblea Legislativa sugiriendo no sólo esta nominación sino también al también exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, para otro cargo diplomático en Italia. Chávez fue el sucesor de Llorenti tras la renuncia de ésta por las denuncias sobre su responsabilidad en la represión policial a la marcha indígena en Chaparina, el pasado 25 de septiembre de 2011.

Para el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yaksic, la determinación del Ejecutivo de nominar al cuestionado exactivista de derechos humanos sería un error y una “beca” inmerecida.

“Sería una pena que esta representación recaiga en una persona que no inspira confianza ni ética, sería darle una beca a una persona que tiene cuentas pendientes con la justicia y que desligó su responsabilidad con sus subalternos, algo que una autoridad no debe hacer, una autoridad que ha defraudado al país”, manifestó.

Chaparina no es el único caso en el que Llorenti se vio involucrado, porque apenas asumido el cargo, en mayo de 2010 se produjo una intervención policial al bloqueo que realizaban colonizadores del norte de La Paz, específicamente en Caranavi, exigiendo atención y proyectos de desarrollo para la región. El saldo fue dos personas fallecidas por impacto de bala.

En la Cámara de Diputados, la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) evitó una censura contra la entonces autoridad y quedó libre de responsabilidad pese a los informes contrarios del Defensor del Pueblo.

Sobre Chaparina, Llorenti dijo que se rompió la cadena de mando, por lo que su viceministro Marcos Farfán, quien renunció al día siguiente de la violenta represión, quedo como principal implicado y hoy cuenta con imputación formal.

“Sachita” como es nombrado por el presidente y el vicepresidente cuenta con la confianza de ambos. En 2003 cuando era activista de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Llorenti se unió a la huelga de hambre que instaló la entonces defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero, en contra de las acciones gubernamentales de Gonzalo Sánchez de Lozada y que con la prosecución democrática dos años después derivó en la elección presidencial de Morales Ayma como alternativa a los partidos neoliberales.