Lo que no debemos callar
Cuando el Magistrado del Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional Dr. Gualberto Cusi manifestó que para emitir sus fallos consultaba prioritariamente la hoja de coca, fuimos críticos de aquella actitud que, en nuestro concepto, contrariaba a la ciencia del Derecho.
Por otra parte, hemos sostenido permanentemente uno de los principios constitucionales referidos a la Independencia del Poder Judicial, habida cuenta que en el pasado fuimos críticos del denominado “couteo político”, porque los grupos políticos gobernantes llegaron al extremo de parcelar la justicia, en una suerte de porcentaje para cada partido político, de modo que los componentes tanto de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, las Cortes Superiores de Distrito, los Juzgados é inclusive el Ministerio Público se convirtieron en compartimientos estancos de cada uno de ellos.
Y el pasado año fuimos observadores del procedimiento aplicado para la elección del Nuevo Órgano Judicial, que fue precisamente el mecanismo unilateral de selección de profesionales del Derecho, como lo acaba de confesar el vdiceministro de Descolonización Félix Cárdenas, cuando reconoce que el Dr. Gualberto Cusi fue escogido por el partido gobernante para acceder a la magistratura en el Tribunal Constitucional, de lo que se sienten arrepentidos, porque considera que se equivocaron. Cosa idéntica ha sido en relación con la elección de los demás miembros del Órgano Judicial, que nadie lo puede negar.
Tamaña confesión compromete lamentablemente la ética y la moral gubernamental, y se tiene la percepción evidente de que a partir de ese Tribunal y los demás componentes del Órgano Judicial, han sido previamente seleccionados con personajes debidamente comprometidos con el actual sistema, por lo que no es cierto que aquel poder del Estado estuviera al margen de la influencia política; es decir que se estaría aplicando el mismo “modus operandi” del pasado inmediato, pero más sofisticado.
Ahora bien, lo más curioso de la actitud del magistrado Cusi es que originalmente al referirse a la Sentencia Constitucional 300 había denunciado que fuera el resultado de la presión gubernamental, señalando que fueron la ministra de Justicia, Dra. Cecilia Ayllón y el diputado Héctor Arce quienes hubieran sido los que visitaron a los magistrados con anterioridad a la emisión de dicha Sentencia, para determinar la línea de dicho fallo.
Pero el pasado jueves se desdijo a través de una declaración pública leída por una funcionaria subalterna del Tribunal Constitucional, donde señala que se retracta y finalmente dice que “afirma y remarca que este órgano es autónomo y que cada magistrado actúa de acuerdo con su convicción profesional y en concordancia con la Constitución”, con lo que dio un certificado de buena conducta al Tribunal Constitucional.
Pese a todo ello, queda flotando en el ambiente la certidumbre de que todo el Órgano Judicial ha debido ser debidamente seleccionado por el estamento gubernamental, de modo que no quepa duda de que todas las decisiones judiciales se encuadren a las determinaciones de quienes intervinieron previamente en sus designaciones y posteriormente en su elección, como cuando se parceló políticamente este Poder del Estado.
Ahora queda la duda en el procedimiento para la elección del Fiscal General, que de defensor de la sociedad se ha convertido en defensor del Estado, dejando en indefensión a los particulares frente a la imposición del patrón Estado, cosa inaceptable en una democracia y en un Estado de Derecho, donde la imparcialidad de la justicia debe ser uno de los principios rectores de toda sociedad.
Y para que esa imparcialidad sea efectiva, se impone la necesidad de reiterar el concepto de la Independencia del Poder Judicial, por la que abogados comprometidos con el Derecho y la Justicia, han ofrecido sus mejores años de lucha en el pasado, pero que a la postre se ven frustrados en sus objetivos. Son claros los ejemplos del padre de la Justicia Boliviana, Dr. Pantaleón Dalence, y los magistrados de ese pasado, doctores Edgar Oblitas Fernández, Guillermo Caballero Saucedo, Rodolfo Virreira Flor, Raúl Romero Linares, Pastor Ortiz Matos, Hugo Poppe Entrambasaguas entre otros.
Ojalá que esta admonición llegue al cerebro y al espíritu de los gobernantes de turno, y que no continúen con los ejemplos de lo que hasta hace poco fuera el Poder Judicial: parcelado, comprometido, corrupto y parcializado políticamente, porque el equilibrio de los poderes comienza con el sometimiento de los poderes públicos, sin ninguna restricción, al mandato de la Constitución.
(El ejercicio del poder corrompe
y su sometimiento degrada).
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