Es preciso frenar a la delincuencia

Comparativamente con lo que ocurría hasta hace diez años, el país vive una especie de convulsión debido a la delincuencia desencadenada por grupos o mafias que han surgido en diversos estratos; ya nadie se libra del peligro de ser asaltado, sometido a torturas, herido y hasta ser asesinado; muchas veces esos hechos se extienden a familias cuyos miembros, sin que haya razón alguna, son víctimas de la insanía delictiva.

Como ocurre en muchos países del mundo, las fuerzas de la policía resultan insuficientes frente a organizaciones que por todos los medios buscan apoderarse del bien ajeno. En algunos casos intervienen miembros del Ejército y otras fuerzas; pero por lo menos en nuestro país, lo hacen con una debilidad y hasta permisividad con quienes viven decididos a cometer cualquier crimen con tal de lograr sus objetivos.

Nos referimos al caso de secuestradores que se apoderan de niños, jóvenes y personas mayores no sólo en búsqueda de rescates sino de órganos que son vendidos; otros, como el caso de violadores -inclusive en niveles familiares- que tampoco reciben sanciones cuando son apresados por la policía o puestos a disposición de juez competente. En la mayoría de los casos de violadores no hay precedentes que se haya sentado para que sirvan de escarmiento a quienes tienen propensión a cometer delitos de violación.

La permisividad de las autoridades, las políticas de esperar que “no reincidan los culpables”, las influencias políticas o económicas con muchos de este tipo de delincuentes son causantes de que proliferen estos hechos contrarios a la seguridad de las personas. Hay comunidades en las que se tiene la intención de portar armas para su defensa; pero, también se hacen la pregunta: ¿tienen condiciones y coraje para usar esas defensas, disparar armas de fuego o utilizar armas blancas con la decisión y brutalidad con que lo hacen los que complotan contra el derecho de las personas?

Las fuerzas encargadas del orden, la Policía, aducen que no cuentan con los elementos humanos necesarios y menos con el armamento que precisarían para actuar con mayor decisión contra la delincuencia organizada; pero la misma población se pregunta: ¿con más armamento o mayor número de efectivos se logrará la vigilancia de miles de barrios que tienen las ciudades del país y que viven expuestas a peligros de toda laya? ¿No son necesarios precedentes sentados por los jueces para que esos ejemplos desanimen a quienes querrían cometer iguales o peores delitos? Nunca se habla de mostrar la fuerza de las leyes y la indignación de la población con los violadores que merecerían castigos ejemplares y que los frene por el resto de sus vidas.

En países como Irán e Irak hace algunas décadas se castraba a los violadores como sistema de castigo y método disuasivo; llegar a estos extremos implicaría romper muchas reglas morales; pero ante la impunidad con que actúan los violadores, ¿qué se podría hacer especialmente si ahora sólo implica cárcel por pocas semanas o días y la libertad que se les da se convierte en libertinaje para cometer nuevos delitos?

El Ejecutivo, conjuntamente el Poder Judicial, tendrá que analizar este grave problema de la delincuencia practicada en sus diversas formas, adoptando no sólo medidas disuasivas sino preventivas para el futuro; por supuesto, será preciso reorganizar o reestructurar la Policía, para que munida de los implementos y armamento que precise, haga una vigilancia más efectiva y oportuna en los diferentes poblados del país.