Obstáculos técnicos superables por el Gobierno municipal

La “regularización de las construcciones fuera de norma” que ha puesto en ejecución el actual Concejo Municipal de La Paz, en estrecha relación con el nivel Ejecutivo Municipal, no es nueva, pero se constituye en un permanente reclamo de grandes sectores de la paceñidad desde el año 2005, esperando que ahora no se frustre por actitudes draconianas, insensibles y subalternos intereses que siempre salían a la superficie en las instancias operativas, lo que motivó que cuatro intentos hasta el año 2008 fracasaran.

Dada esta situación de incertidumbre, la Dirección Especial de Finanzas de GAMLP puso en práctica una campaña para satisfacer en alguna medida la demanda de miles de familias paceñas para que regularicen sus construcciones fuera de norma. El Director de ese organismo municipal, Lic. Dionicio Fernández, declaraba: “Esta campaña pretende colaborar a aquellos propietarios de propiedad horizontal que tienen problemas. Aseguro que el cumplimiento de esta obligación significa un aporte a la regularización de sus inmuebles”. (EL DIARIO, 3/5/2007). Su resultado fue positivo y cientos de familias pusieron al descubierto sus construcciones clandestinas y pagaron multas y mayores impuestos.

El Colegio de Arquitectos de La Paz en su comunicado 30/12/2007 había identificado la existencia de más de 100.000 viviendas fuera de norma. Por su parte la Oficialía Mayor de Gestión Territorial afirmaba que “aquellas construcciones no pueden ser demolidas debido a factores sociales, económicos y culturales”.

Dado el persistente clamor de este crecido número de población que inclusive con presencia en las calles a la cabeza del Comité de Defensa de Propietarios de Bienes Inmuebles pedía soluciones serias y definitivas a este problema, en EL DIARIO se publicó este reclamo de la paceñidad mediante artículos difundidos en sus diferentes ediciones.

En noviembre de 2010 un nuevo Concejo Municipal presidido por Gabriela Niño de Guzmán y Guillermo Mendoza, una nueva Comisión Territorial del Concejo y todos ellos en coordinación con la Oficialía Mayor de Planificación del Desarrollo del GAMLP decidieron, por encima de diferencias políticas, responder a los intereses populares dando a conocer la normativa “Proceso Voluntario, Transitorio y Excepcional de Regularización de Edificaciones Fuera de Norma”.

Con este motivo, el Concejo Municipal publicaba la separata titulada “Transformando la ciudad”. En las páginas 4 y 5 consignaba los documentos a ser presentados. El requerimiento 5 señala: “Estudio geotécnico y certificado de estabilidad firmado por un profesional para edificios mayores a 5 plantas QUE SE ENCUENTREN en áreas de riesgo”.

Las construcciones en los distritos Sopocachi, Miraflores, Calacoto, Irpavi Uno, San Miguel, Achumani Bajo, Los Pinos, La Florida y otros más, se encuentran en suelos calificados como seguros y estables y no en zonas de riesgo, según estudios técnicos realizados por el propio GAMLP. Entonces, ¿cómo es posible que en instancias operativas se reclame estudios geotécnicos y certificados de estabilidad si éstos según el requerimiento 5 son para áreas de riesgo? ¿Por qué no se toma en cuenta los informes favorables de la campaña realizada por la Dirección Especial de Finanzas el año 2007?

¿Acaso no sería posible aceptar como suficiente un informe técnico IN SITU donde se establezca que tales construcciones realizadas no han causado daños a terceros? ¿Acaso no sería suficiente una Declaración jurada en la cual los propietarios de las construcciones fuera de norma se responsabilicen por daños que pudieran ocasionar a terceros? Los estudios señalados tienen un costo elevado que afecta a la economía familiar, además de significar trabajos de movimiento de tierra y otros complementarios. Una investigación por muestreo en las zonas anteriormente mencionadas, deja ver un crecido número de familias que al observar aquellos requerimientos prefieren tener sus construcciones ocultas y no pagar, además, multas e impuestos.

Es motivo de alivio y satisfacción para estos sectores poblacionales que autoridades técnicas de nivel superior con elevado grado de comprensión, hayan decidido flexibilizar una otra exigencia vertical. “Anteriormente para obtener la legalidad de su construcción clandestina debían realizar con los propietarios en conjunto, situación que perjudicaba su trámite. Ellos pueden ahora presentar su documentación sin depender de otras personas”, dijo el responsable de la Unidad Gestora, Arq. Carlos Balderrama (EL DIARIO, 19/6/2012). ¿Acaso no se puede hacer lo mismo con las exigencias anteriores?

De alguna manera, tenemos conocimiento de que en los niveles ejecutivos, tanto de Concejo como del Ejecutivo Municipal, se estaría estudiando una alternativa acorde con la realidad social y económica de grandes sectores de la población, pero tenemos la obligación de recoger el clamor popular por razones de equidad, justicia y beneficio social.

Consideramos que la nueva mentalidad del Concejo Municipal, así como la del Ejecutivo Municipal, se dirigen a velar por la comunidad que les otorgó su confianza y que lejos de seguir viviendo en una aldea grande, alcance a vivir mejor en una ciudad moderna. Por eso se abriga la esperanza para que este proyecto concertado con criterio social, por encima de diferencias subalternas, no fracase por exigencias radicales que son posibles de solución inteligente.