“Todos los gobiernos tienen la obligación de dar salvoconducto”

(Oxígeno).- El embajador de Ecuador en Bolivia, Ricardo Ulcuango, sostuvo que ningún país puede negar un salvoconducto a un ciudadano al que un Gobierno soberano haya otorgado el status de asilado político. “Es una obligación”, dijo el diplomático.

El jefe de la misión ecuatoriana en La Paz asegura que cuando una persona es beneficiada con este recurso diplomático, ésta es responsabilidad exclusiva del país otorgante, por lo que una negativa no es una decisión muy amistosa.

Ulcuango se refirió a este tema al tratar el impasse diplomático entre Gran Bretaña y Ecuador generado por el caso del fundador del portal en Internet Wikileaks, Julian Assange, que se encuentra refugiado en la Embajada del Ecuador en Londres desde el 18 de junio y que fue beneficiado el jueves 16 de agosto con el status de asilado político.

Pese a ello, Reino Unido se opone a dar el salvoconducto para que el australiano acusado de revelar documentos secretos de los EEUU salga de Londres. Además, el gobierno inglés advirtió con intervenir la sede diplomática del Ecuador si es que no se lograba dar una solución a su favor.

“Todos los gobiernos tienen la obligación de dar este recurso (salvoconducto) porque un ciudadano ha sido declarado asilado político por un gobierno soberano”, dijo en entrevista con el periódico digital Oxígeno.

En Bolivia, un caso que fue comparado con el del australiano Assange fue el de la situación senador opositor, Roger Pinto, quien se encuentra refugiado en la Embajada del Brasil desde mayo y que obtuvo el asilo político en junio. Hasta la fecha, el legislador pandino sigue esperando el salvoconducto aunque el Gobierno anunció que no otorgaría el salvoconducto correspondiente porque el pandino debe responder ante la justicia por ser acusado de delitos comunes.

“Desde mi punto de vista, (el caso de Assange y el de Pinto) son temas diferentes, pero al respecto no tengo derecho a tomar opinión”, se limitó a indicar el Embajador de Ecuador en Bolivia.

Al conocer de la negativa del salvoconducto a Assange, el gobierno boliviano cuestionó duramente al Reino Unido y criticó que la oposición quiera comparar ambos casos donde se denuncia persecución política. La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, explicó que el fundador de Wikileaks demostró su denuncia con pruebas y mientras que el senador boliviano no habría hecho lo mismo.