Una denuncia de la diputada Piérola sobre la presencia de cinco bases militares venezolanas en nuestro país, ha causado cierto nerviosismo en el oficialismo, en especial en una controvertida autoridad ministerial, que impetuosa y gratuitamente descalificó a la citada diputada, tratando de desmentirle con una serie de adjetivos calificativos. Tal actitud no es edificante para un dignatario de Estado, considerando que la diputada simplemente cumple su labor fiscalizadora de acuerdo con la Constitución Política del Estado.
Dicha denuncia se basa en el convenio de la famosa Alianza Bolivia-Venezuela, suscrito el 25 de mayo de 2006, donde se establece la construcción de 24 bases militares en nuestra frontera con los países vecinos. Este acuerdo fue ratificado mediante una ley que vulnera la CPE que rechaza cualquier presencia de bases militares extranjeras en nuestro país, situación que por conveniencia el citado mandatario olvidó mencionar.
En ese mismo año, se presentaron varias denuncias sobre la presencia reiterada de aviones y militares venezolanos en Santa Cruz y otros puntos geográficos, que nunca pudieron ser fiscalizados, menos investigados. Después vimos una discreta presencia de supuestos militares venezolanos, muchos vestidos de civil, en menesteres palaciegos y otros servicios gubernamentales.
Estas extrañas actividades se las efectúa en los momentos que el padrinazgo e intromisión chavista se descaraba, tomando fuerza y rumbo influyente sobre la conducta política de nuestro país, asegurando de esta manera la permanencia y estabilidad de Evo Morales en el poder. Asimismo, el acuerdo firmado con Venezuela habría causado mucho malestar en varios países, como Perú, Paraguay e inclusive Chile, definiendo este último, como difusa la asistencia venezolana a los militares bolivianos.
En tal oportunidad se develó el contenido de la citada alianza y sus finalidades: “instalación de bases militares, a lo largo de nuestra frontera con las naciones vecinas; mejorar y complementar las capacidades de defensa de cada país; facilitar el ingreso de tropas venezolanas para “gestión de crisis, desarme y control de armas”; establecer mecanismos de cooperación técnica entre las partes; contribuir al desarrollo integral del país; mantenimiento de maquinaria pesada del Ejército; organización de las Fuerzas Armadas y su potenciamiento bélico”. Posteriormente se contempla la construcción de dos bases militares, con un costo de 49.2 millones de dólares, en Puerto Quijarro y en el Prado, frontera con Brasil, con la intención de llegar a las 24 bases militares.
Todo este sintomático movimiento venezolano, y la falta de transparencia por parte del Gobierno, nos inducen a suponer que algo raro ha venido sucediendo dentro de nuestro país, y que gracias a la depurada demagogia política y su millonaria propaganda, al pueblo, además de estar desinformado, se le priva del derecho a información veraz y confiable.
El motivo de esta nota es observar la deplorable actitud con la que se denosta a la indicada diputada, agravios que sólo obedecen a la soberbia de la investidura y el amparo político, a la falta de respeto al derecho ajeno y a la carencia de grandes valores que nacen en la casa. Aparentemente el mal ejemplo político gubernamental, que ocasiona un desmoronamiento moral y espiritual de la sociedad, nos muestra una terrible inversión de valores.
Al fijarse en la paja en ojo ajeno y no en la viga que uno carga, se derrumba y anula toda autoridad moral, mucho más cuando sobre el autor recae una serie de imputaciones jurídicas, que a la fecha permanecen en la impunidad política, como el contrabando de 33 camiones en Pando; de ser uno de los supuestos instigadores en la tragedia de El Porvenir; de querer ver al ex prefecto Fernández a cinco metros bajo tierra; de una supuesta vinculación con el narcotráfico, según una revista brasileña, y otras más que por respeto no las anotamos.
Ojalá que ante esta crisis moral renazcan nuevas actitudes que eviten dividir a la mayoría del pueblo de por sí atribulado por tanto escarnio.
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