Economía de palabras
Los socios de la cooperativa San Luis han decidido intervenir su administración para evitar la quiebra y ahora piden a la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) que intervenga para ayudarles a proteger los intereses de 180.000 ahorristas.
La respuesta de ASFI ha sido hasta ahora que la cooperativa no tenía licencia para captar ahorros del público y que ahora corresponde que los socios se pongan de acuerdo para producir una disolución indolora.
En el inverosímil sistema que se aplica para las cooperativas que quieren cubrir operaciones financieras, hay una “etapa de adecuación” a la que pueden someterse, aunque pueden operar mientras esperan la licencia.
Desde hace ocho años la cooperativa está recibiendo los ahorros del público y la “autoridad” dice ahora que nada puede hacer, porque la crisis la tendría que atender la oficina encargada de las cooperativas.
Mientras van de Herodes a Pilatos, los angustiados ahorristas no entienden cómo es que se llama “autoridad” una institución que se limita a dar consejos. Tendría que llamarse consejera.
El territorio de nadie que pisan las cooperativas (59 en total) cuando están esperando adecuarse para recibir la licencia es muy peligroso, pues queda entre dos autoridades, una más irresponsable que la otra.
En efecto, la autoridad que sólo se ocupa de las cooperativas está ahora muy ocupada con las acciones de las cooperativas del sector minero, alentadas por no se sabe quién a asaltar minas para que luego el presidente en persona vaya a dar sus bendiciones al asalto. No tiene tiempo para ocuparse de las cooperativas que no asaltan nada.
La conmoción provocada por la quasi quiebra de San Luis ha afectado a otras cooperativas, donde algunos ahorristas han optado por sacar sus ahorros.
Menos mal que no ha llegado el temblor hasta las capas geológicas firmes que sostienen al sistema financiero, que tiene sus espaldas cubiertas por normas prudenciales puestas en práctica por anteriores autoridades del sistema.
Por el momento, el sistema financiero nacional está a salvo, y robusto. Quizá la única sombra sean las observaciones que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sobre la necesidad de que Bolivia aplique todas sus recomendaciones para frenar el lavado de dinero.
Algunas inversiones millonarias que llegaron desde Venezuela en los últimos años y compraron a manos llenas empresas privadas bolivianas, que después se asociaron con destacadas personalidades del cambio, podrían estar en el centro de las observaciones del GAFI.
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