¿Minería estatal o privada?

Las empresas sean estatales o públicas se constituyen para que luego de ejercitar una administración eficiente y cumplir las regulaciones de tipo económico, social y medioambiental, ganen dinero. Siempre ha existido controversia sobre si el Estado debe o no manejar las empresas. La teoría indica que si una empresa privada luego de pagar los tributos al Estado genera utilidades, luego de que parte de éstas es transferida al Estado, administrada por éste, captará el total de las utilidades. Sin embargo la práctica por lo general desmiente este razonamiento.

Desde la colonia hasta octubre de 1952, cuando el gobierno del Dr. Víctor Paz nacionalizó las minas de los ex “barones del estaño”, Simón Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo, mediante DS 3.223 de 31/10/52, esta actividad fue enteramente privada. Si bien el Estado vivió de los tributos de estos mineros, su poder económico y político logró el pago de bajas tributaciones, no acordes con la riqueza de los yacimientos de entonces, lo que les permitió amasar grandes fortunas.

Para manejar las minas nacionalizadas el Gobierno creó la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), que operó en principio 24 minas, fue la empresa más grande del país, la principal productora y exportadora de minerales, de la que dependían el transporte, la construcción y las actividades comerciales e industriales y, por tanto, la economía boliviana.

Lamentablemente el incremento de personal de 24.000 trabajadores en 1952 a 36.000 en 1956, el pago de beneficios sociales al personal, que debió ser realizado por los ex barones y la caída de producción de COMIBOL, tuvieron influencia en la gran inflación ocurrida entre 1953 y 1956.

Minas empobrecidas que ocasionaron mayores caídas de producción, pésima administración (corrupción y gastos dispendiosos) y gran injerencia sindical a través del Control Obrero, ocasionaron una monumental pérdida de 799 millones de dólares (M$us) entre 1981 y 1985, que tuvo enorme peso en la hiperinflación ocurrida entre 1982 y 1985. Para colmo, el 24 de octubre de 1985 se desplomó el precio del estaño, factores todos que provocaron el cierre paulatino de sus minas y el retiro (“relocalización”) de más de 24.000 trabajadores.

El DS 21.060 (29/08/85) promulgado también por Víctor Paz, retomó la economía de libre mercado. Las minas cerradas fueron dadas en contratos de arrendamiento y riesgo compartido a cooperativas y empresas privadas. Por la Ley 1.777 (17/03/97) COMIBOL dejó de ser operadora, para sólo controlar sus contratos de arrendamiento y riesgo compartido. Obviamente con los contratos COMIBOL no tuvo pérdidas, pero sus ingresos pudieron ser mayores si lograba contratos más favorables.

En octubre de 2006 los cooperativistas que trabajaban algunos parajes de la mina Huanuni de COMIBOL, trataron de tomar el yacimiento, enfrentándose con los trabajadores de la empresa, con un saldo de 16 muertos y muchos heridos. El problema se solucionó incrementando 4.000 trabajadores (de ellos 3.000 cooperativistas) a los 1.000 existentes. Ni por asomo la producción de Huanuni se incrementó en relación con el incremento de personal, a pesar de lo cual obtuvo utilidades debido al alto precio del estaño.

El costo mensual promedio de labor fue subiendo paulatinamente de 783 mil dólares en 2006 a 7,97 M$us en 2011, vale decir se incrementó en más de 10 veces. Por la caída del precio del estaño Huanuni tuvo pérdidas en algunos meses de 2008 y 2009, y en mayo de 2012 con un precio de 8,67 $us/LF; seguramente en junio y julio pasados, las pérdidas fueron mayores porque el precio fue menor.

La Ley 3.720 (31/07/07) restituyó a COMIBOL sus funciones en toda la cadena productiva, para darle una mayor participación minera. Por el coyuntural alto precio del bismuto se rehabilitó la fundición de Telamayu, reinaugurándola en noviembre de 2008. Desde entonces hasta el 2011 sólo ha producido 48 toneladas métricas finas (TMF) de bismuto metálico, vale decir 1,9 TMF/mes, lo que significa enormes pérdidas operativas.

El alto precio del cobre y la existencia de reservas en desmontes y relaves (no verificadas) en Corocoro, indujeron a COMIBOL a instalar una planta hidrometalúrgica para producir cobre catódico de alta pureza, que con un costo de 19 M$us, fue inaugurada en octubre de 2009. Se proyectó una producción anual de 3.000 a 3.500 TMF. La producción promedio de 2010 y 2011 fue 941 TMF, vale decir un 29% de lo proyectado, por lo que la planta debe estar operando a pérdida.

COMIBOL tiene un retraso de más de dos años en la producción de carbonato de litio en la planta piloto del Salar de Uyuni y los resultados del método utilizado son inciertos. Ya empezó a operar la mina de zinc-estaño de Colquiri y en los próximos meses arrancará la fundición de plomo-plata de Karachipampa.

La idea de una mayor participación del Estado en la actividad minera también se dio en el gobierno nacionalista del Gral. Juan Velasco Alvarado en Perú, que en 1970 y 1974 creó las empresas estatales MINEROPERU y CENTROMIN PERU, que al dar fuertes pérdidas económicas tuvieron vida efímera. La única operación estatal con utilidades sostenidas, aun con bajos precios, es la chilena CODELCO, primera productora mundial de cobre, que se maneja con criterio empresarial y lo que es más importante, sin injerencia política.

Se recurre al capital extranjero para ejecutar proyectos mineros medianos o grandes, cuando el Estado no tiene la capacidad económica para ello y/o no dispone de la necesaria tecnología. Aunque se superen estos dos factores, los hechos demuestran que cuando el Estado maneja políticamente los proyectos y las operaciones mineras, las pérdidas son grandes, por lo que es preferible que firme contratos de riesgo compartido, en los que la distribución de utilidades sea ecuánime (y satisfactoria) tanto para el Estado como para los inversionistas.