Las trabajadoras sexuales aseguran que su sector no es el foco de infección de las enfermedades venéreas y que debería investigarse a otros sectores.
Ni siquiera el 1% de las trabajadoras sexuales de El Alto habría recibido un diagnóstico relacionado con el VIH-SIDA, de forma contraria a los resultados obtenidos con análisis realizados a jóvenes y menores en situación de calle, según informó Lili Cortez, representante del sector.
“La información es muy alentadora cuando se descarta el tabú de que la población de alto riesgo corresponde a las trabajadoras sexuales, por lo que aclaramos que en la ciudad de El Alto las meretrices, en general, estamos registradas y cumplimos con las diferentes atenciones de salubridad”, explicó.
De acuerdo con Cortez, las trabajadoras de este rubro también se acogieron a estos controles demostrando que sólo el 2% son portadoras de VIH-SIDA del total de los casos.
“Incluso ellas han optado por hacerse estudios donde salieron los datos negativos en su mayoría y aseguraron que en los sectores donde se encuentran trabajando ellas deben utilizar por lo menos un preservativo (condón) como forma de prevención. Debemos recalcar que en las áreas rurales y en personas, sobre todo adolescentes, que viven en condiciones de calle estos datos son mayores y debería prestárseles una mayor atención”, aseguró.
Según la versión de la entrevistada, se recabaron datos de 200 jóvenes en situación de calle de los cuales 20 registran VIH-SIDA y se convierten en grupos vulnerables, quienes, debido al consumo constante de bebidas alcohólicas y droga, suelen no protegerse adecuadamente cuando optan por abordar relaciones esporádicas en estos grupos sociales.
SIN AVANCES
Por otra parte, la representante de las trabajadoras sexuales en la ciudad de El Alto aseguró que en la actualidad su organización no registra ningún avance en los acuerdos suscritos con el Municipio para mejorar su atención y permitir que se brinde mayores garantías a los parroquianos, asimismo, no se tienen avances en los procesos que siguen contra personal del Ministerio Público sobre denuncias de abuso de autoridad ejercida por una de sus representantes.
“A cambio de los reclamos que realizamos sólo recibimos un proceso de investigación por parte del Ministerio Público solicitado al Servicio General de Identificación Personal (Segip), esto es una acción extrema de las autoridades, por lo tanto es un abuso de autoridad. No es un delito representar y defender a los sectores porque las autoridades deben reconocer su abuso de autoridad”, mencionó Cortez.
La actividad del sector, en consideración de la representante, está destinada a disminuir el índice de casos de violación a menores en la ciudad, por lo que se considera a su profesión como una labor que colabora con la sociedad.
“Es por eso que nosotros estamos buscando que desde la propia Alcaldía se deba respetar la actividad de las trabajadoras sexuales y evitar que al ingresar a los locales se nos llegue a identificar como trabajadoras sexuales sino que la actividad de los locales que no cumple con las normas sea restringida”, aseguró.
“Nosotros pedimos que las mesas de trabajo instaladas por el Municipio se lleven adelante y tengan algún avance, porque nos interesa normarnos en los locales legalmente establecidos y no en los clandestinos donde la Alcaldía debe realizar su trabajo”, solicitó.
De acuerdo con los registros de Cortez, en la ciudad de El Alto se aglutinan cerca de 1.000 trabajadoras sexuales de las cuales 600 son las que realizan sus controles diarios para evitar daño a la población y la expansión e enfermedades de transmisión sexual.
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