Ley de organizaciones políticas en tiempo de desconfianza

Por iniciativa del Tribunal Supremo Electoral se ha dado el primer paso para encarar la discusión y la elaboración del proyecto de Ley de Organizaciones Políticas a fin de sustituir las leyes de Partidos Políticos y de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos indígenas de 1999 y 2004, respectivamente. Conviene recordar que la aplicación de éstas fue deficiente debido a prácticas resistentes al cambio, todavía arraigadas en dirigencias y militancias, y a la crisis de Estado que desbordó la capacidad del sistema para canalizar las necesidades y demandas de inclusión de actores sociales emergentes, ahora representados por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Esta tarea entraña importantes desafíos. La ley deberá alcanzar al conjunto de actores involucrados en la dinámica de los institutos representativos, participativos directos y comunitarios de la Democracia Intercultural, lo que obligará a armonizar la intervención de partidos, agrupaciones y pueblos indígenas con las formas de democracia reconocidas por el texto constitucional.

Le corresponderá garantizar condiciones de transparencia, igualdad y pluralidad en el funcionamiento dentro y entre las organizaciones políticas, así como definir un conjunto equilibrado de requisitos burocráticos para su conformación y/o extinción. Ello implicará incorporar dispositivos para neutralizar las tendencias dominantes unipartidistas por un lado, así como límites a la excesiva dispersión y proliferación de siglas por otro. No podrá eludir el normar la vida de organizaciones corporativamente alineadas a partidos, tal como ocurre con las organizaciones campesinas sindicales que concibieron al MAS como su instrumento político y que disputan su participación en espacios gubernamentales.

Otro punto controversial tiene que ver con la generación de condiciones materiales equitativas de competencia electoral. Es un desafío urgente, considerando la reelección continua presidencial y de otras autoridades y el uso prebendal de los recursos públicos desde el poder y en tiempos de bonanza. Frente a las circunstanciales ventajas del oficialismo se ha planteado la necesidad de reponer el financiamiento público a las organizaciones políticas e imponer límites a la propaganda del Órgano Ejecutivo y a los gastos de campaña y de publicidad electoral en medios estatales y privados. Si bien el MAS se opone a estas medidas, no faltan voces que demandan transparentar el uso de recursos que tendrían las organizaciones constitutivas del MAS como beneficiarios del Fondo Indígena y otros de libre disponibilidad y discrecionalmente utilizados por el Presidente.

Sin embargo, el mayor reto del proceso de elaboración de la mencionada ley y de sus protagonistas será el revertir el desprestigio, a veces justificado, de la política y los políticos en tiempos de anti política. Curiosamente, se constata que mientras la ciudadanía demanda la solución a los problemas de orden público, tiene un concepto degradado del oficio y de los actores llamados a resolverlos. Si bien esta paradójica realidad es global, en Bolivia tiene rasgos de persistencia preocupante en medio de precariedad, informalidad y confrontación crecientes.

La mala política no se revierte con movimientos sociales ni con la espontaneidad de las masas, menos aun con caudillos providenciales, sino con “buena política”. Lamentablemente la reconstrucción de confianzas y el arte del oficio político demanda tiempo, es una tarea colectiva que rebasa las capacidades de una ley que hoy nos convoca al debate.