Sesión reservada para evitar “publicidad” de las denuncias

Asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) ratificaron que la sesión de la Cámara Alta, en la que se definirá mediante los dos tercios del oficialismo la nominación de Sacha Llorenti como Embajador ante la ONU, se realizará de manera reservada para evitar que las denuncias presentadas en contra de la exautoridad sean “publicitadas”.

El rechazo de la oposición y otros sectores continúa mientras que el representante de Oficina las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Onudd) en Bolivia, César Guedes, prefirió no referirse al tema.

“No se puede hacer una sesión pública, las denuncias o las observaciones que se puedan dar, serían publicitadas y esto es innecesario”, dijo el senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), René Martínez.

“La sesión es reservada por razones obvias, hay cosas que no tienen porqué exteriorizarse, luego de la decisión que asuma el senado recién podríamos dialogar acerca de las observaciones que pudieron existir”, señaló el senador Adolfo Mendoza (MAS).

Martínez agregó que las objeciones presentadas en contra de la nominación de Llorenti o de cualquier otro postulante serán recibidas hasta antes de la realización de la sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la cual podría desarrollarse esta semana.

En tanto, la diputada por Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, manifestó su rechazo ante esta postulación, la que consideró como “indignante”.

“Nosotros hemos enviado cartas a la Comisión del Senado y haremos conocer las observaciones respectivas, es indignante que el Gobierno proteja a este tipo de personas”, aseveró.

Por su parte, el representante de Oficina las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Onudd) en Bolivia, César Guedes afirmó que este es un “tema doméstico de Bolivia” y la ONU no comenta acerca de quien se asigna de manera soberana a un cargo diplomático. “No puedo opinar, es una decisión de Bolivia”.

Sacha Llorenti fue implicado en el caso del exgeneral de Policía, René Sanabria, quien actualmente cumple una condena de 14 años en Estados Unidos por tráfico de sustancias controladas.

Asimismo, la exautoridad fue ministro cuando se produjpo la muerte de dos jóvenes en los enfrentamientos de Caranavi, además de la represión policial a los indígenas en Chaparina durante la marcha en defensa del Tipnis.