La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado anunció que el proyecto de la Ley de Control Social será aprobada en el pleno camaral hasta fin de año. Los alcances de esta norma establecerán el control a partir de las organizaciones en las instituciones públicas, respecto a su participación en las políticas públicas, el desarrollo de peticiones de informe y fiscalización, “todo a partir de los movimientos sociales”, según dijo.
Delgado explicó que esta nueva norma se ampara en la Constitución Política del Estado (CPE), específicamente en el Art. 240 y 241, que establece que la sociedad civil organizada realice el control social en todas las instituciones públicas.
“Esta ha sido una reivindicación importante para la participación ciudadana y para que se realice el control. Esta ley determina cómo se va a realizar, cómo se va organizar la sociedad civil, cómo se van a conformar los consejos. Hay un proyecto que lo ha trabajado el ministerio de Transparencia y hay otro que ha sido trabajado por el Pacto de Unidad”, destacó.
Los movimientos sociales realizarían el control a las entidades públicas, básicamente en dos áreas, la participación en las políticas públicas, es decir la planificación participativa y el desarrollo de Peticiones de Informe Oral y Escritas a las instancias.
“Se trata de que la misma sociedad a través de los movimientos sociales, no de las instituciones públicas. Estamos garantizando que se tenga el derecho a la información y en cualquier tema que se necesite, la sociedad a través de esta ley pueda realizar un control, una fiscalización desde la sociedad civil hacia las instituciones”, señaló.
De acuerdo con el diputado por Convergencia Nacional (CN), Andrés Ortega, en caso de concretarse esta normativa tal como se anuncia, sería un riesgo para los legisladores, tanto de oficialismo como de oposición, incluso para la ciudadanía.
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