El abogado de Jindal Steel Bolivia (JSB), Jorge Valda denunció que después de los allanamientos realizados por el Ministerio Público el 20 de julio en distintos puntos del país, los bienes de la empresa hindú son utilizados de manera arbitraria e ilegal por miembros del Ejército, en la localidad de Puerto Suárez, donde se encuentra el yacimiento de hierro de El Mutún.
“Después del acto de allanamiento que se ha desarrollado en Puerto Suárez, se ha procedido a incautar vehículos e inmuebles, que están siendo utilizados actualmente por el Ejército, vehículos que tienen el logotipo oficial de la firma Jindal, están siendo manejados por el comandante de la unidad militar en Puerto Suárez, lo cual es una situación que raya en el abuso de autoridad”, reclamó.
Negó que la empresa haya transferido recursos por la obtención de hierro a Islas Caimán, como informó el fiscal asignado a la investigación por supuesto incumplimiento de contrato.
“El Ministerio Público afirmó que la maquinaria de Jindal era arrendada del Brasil, tenemos las pólizas de importación originales de las ocho chancadoras y otra maquinaria cuyo precio es superior a los cuatro millones de dólares, que fueron importadas legalmente desde Inglaterra hace tres años”, afirmó.
Dijo que el Ministerio Público realiza una investigación carente de objetividad e imparcialidad, por lo cual las controversias con el Estado serán resueltas a través de un arbitraje internacional.
“Se ha afirmado que los ejecutivos de Jindal se habrían dado a la fuga de forma clandestina por la frontera de Puerto Suárez cuando los ejecutivos Arvind Sharma y Jorge Gallardo han salido por Viru Viru del país, pasando por migración. El mismo Ministerio Público contradice informes de aduana, informes de migración, afirmando situaciones que no son verdad”, reclamó el abogado.
Dijo que la señal que envía la fiscalía hacia el resto del mundo, es perjudicial para el país.
“El que está generando un daño económico al Estado es el Ministerio Público, alejando inversiones extranjeras, mandando una mala señal a los inversionistas en el exterior sobre la inseguridad jurídica en el país”, acotó.
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