La mayor parte va a los bonos populares y al gasto corriente del Estado

Jubileo afirma que recursos del IDH no se destinan al sector productivo

Los réditos de este tributo deberían servir para cambiar el patrón de desarrollo hacia una economía productiva, diversificada y que genere empleo.


EL TRIBUTO A LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS TIENE UNA ALÍCUOTA DE 32% DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN.

La mayor parte de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), es decir un 26% es destinada a la Renta Dignidad, casi el 20% a gastos corrientes del nivel central, alrededor de 10% a educación, y una gran cantidad de otros sectores reciben menos del 10% y se estima que el 4% se asigna a sectores productivos, como el agropecuario o turismo.

Estas son algunas de las conclusiones de un estudio realizado por la Fundación Jubileo que será presentado oficialmente hoy en conferencia de prensa.

A siete años del IDH: ¿En que se gastan los recursos?, es el nombre del documento que recuerda que el dinero de este tributo debería servir para cambiar el patrón de desarrollo hacia una economía productiva, diversificada y que genere empleo y sin embargo están siendo gastados en diferentes fines, al margen de un proyecto como país.

“No se está aprovechando el momento de gran oportunidad que significa disponer de estos abundantes ingresos; sin embargo, todavía las circunstancias son favorables, por lo que es fundamental replantear esta situación; esta vez con criterios de planificación hacia futuro, para lo cual queda pendiente el escenario de concertación que define la Ley Marco de Autonomías que es el Pacto Fiscal, el cual es posiblemente la tarea más importante pendiente de todo el proceso Constituyente, para redefinir la distribución y destino de los recursos públicos”, indica el resumen ejecutivo del trabajo de investigación.

CONQUISTA SOCIAL

Como efecto de las demandas de los movimientos sociales, entre las cuales se encontraba la revisión de la política sobre hidrocarburos y la reversión del proceso de capitalización, la Ley de Hidrocarburos de 2005 creó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), con una alícuota de 32% del valor de la producción.

“Con la creación de IDH y los mejores precios internacionales de los últimos años, el sector público, en sus diferentes niveles, y el país en su conjunto, cuentan con muchos más recursos que en el pasado”, recuerda Jubileo.

La renta por hidrocarburos aumentó de 2.285 millones en 2004 a 4.980 millones de bolivianos en 2005, considerando la regalía y el IDH; y para la gestión 2011 llegó a 13.720 millones; es decir, seis veces más que en 2004.

“Si bien la situación fiscal y los diferentes indicadores económicos mejoraron, surge el cuestionamiento si los mayores recursos están siendo orientados a lograr cambios estructurales en el país o si están sirviendo para financiar el consumo del sector público, caso en el cual esta mejor situación económica sería solamente pasajera”.

Jubileo explica que la distribución y destino de los recursos del IDH han sido determinados el año 2005, en medio de un clima de crisis social y política, por lo que gran parte del resultado de estas determinaciones no han respondido a criterios técnicos o de planificación.

Para el caso del IDH, la normativa no determina que estos recursos tengan que ser destinados necesariamente a inversión. No existen límites máximos para los gastos de funcionamiento, a diferencia de otras fuentes como las regalías o los recursos de coparticipación tributaria.

GASTO CORRIENTE

“Es así que, para los años 2011 y 2012, la mayor proporción del dinero, casi dos terceras partes, se destina a gasto corriente y una menor tajada a inversión”.

Por la naturaleza no renovable de estos recursos, esto no es sostenible en el largo plazo; además que implica una pérdida de patrimonio para ser destinado hacia consumo de los diferentes niveles de gobierno.

Con relación a las prioridades de gasto por sector, se observa una dispersión en el uso de estos recursos hacia un gran número de finalidades, habiendo sido utilizados para cubrir distintas necesidades y demandas de gastos corrientes e inversiones en los diferentes niveles de gobierno, concluye la fundación.

 
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