Periodistas alteños se declaran en emergencia

La Federación de la Prensa en la ciudad de El Alto anunció que se encuentra en estado de emergencia exigiendo al Gobierno que respete la Ley de Imprenta en los procesos anunciados contra tres medios de comunicación, evitando así acciones de persecución política.

De acuerdo con la representante de los trabajadores, Fabiola Furuya, las organizaciones de los diferentes medios de comunicación dan a conocer su posición de rechazo a los anuncios políticos realizados por el actual Gobierno al tratar de generar procesos penales que no corresponden estando vigente la Ley de imprenta.

“No es otra cosa que una persecución política a los medios de comunicación, ante la tarea de acallar el derecho a la libertad de expresión de las interpretaciones de dichas autoridades de Gobierno y si las mismas penalizan a los medios como Página Siete, ANF y EL DIARIO el día de mañana cualquier trabajo periodístico será encarcelado”, puntualizó.

Entretanto, en la ciudad de La Paz se lanzó una convocatoria a los trabajadores de base y secretarios generales de estas instituciones para que participen en la denominada “Marcha por la defensa de la libertad de expresión, el derecho al trabajo y en contra de la penalización de la información” a realizarse mañana en la Plaza Murillo a partir desde las 10:30 horas.

“Los Trabajadores de base y Secretarios de Generales de los medios de comunicación convocamos a la marcha en defensa de la libertad de expresión, el derecho al trabajo y en repudio a la penalización de la información para el miércoles 29 del presente mes a las 10:30 a realizarse en la Plaza Murillo. La finalidad de la marcha es protestar contra los intentos del actual Gobierno de acallar la libertad de expresión de censurar la verdad y amordazar a los periodistas con la persecución judicial a los medios de comunicación, que publican e interpretan las declaraciones de los gobernantes, en particular del presidente de Estado Evo Morales”, señala un comunicado de los trabajadores paceños.

Por otra parte, para el representante de los medios escritos, Pavel Loayza, las acciones político judiciales del Gobierno para someter a procesos penales a los medios de comunicación, sin respetar la Ley de Imprenta y la propia Constitución Política del Estado (CPE), se orientan a clausurar los medios de información y dejar sin trabajo a miles de profesionales, trabajadores, obreros, productores independientes y otros.