Cochabamba, (Agencias).- El ministro de Educación, Roberto Aguilar, reveló ayer que durante el presente año se registraron 68 casos de abuso o violencia sexual contra estudiantes en el país y que sólo un profesor se encuentra en la cárcel por la comisión de su delito.
Explicó que a esa cifra se sumó en los últimos días el caso de un maestro que trabaja en la región del trópico de Cochabamba, mismo que es imputado y puede ser suspendido con la aplicación del Decreto Supremo 1302 de Erradicación de la Violencia en las Escuelas.
Sostuvo que para el uso de la nueva normativa con ese educador sólo falta que el juez a cargo del proceso entregue una copia de su resolución a las autoridades educativas.
La autoridad estatal lamentó que en los casos anteriores no se tuvo la posibilidad de iniciar procesos administrativos o penales contra los educadores denunciados por abuso o violencia sexual, puesto en la revisión de antecedentes se determinó que el 90% tendió a huir de sus regiones porque recibieron amenazas de linchamiento o agresiones.
La autoridad gubernamental destacó que con la aplicación del Decreto Supremo 1302 se cuenta ahora con el respaldo legal para la destitución de maestros imputados por delitos de índole sexual u otra naturaleza.
Dijo que el lanzamiento del instrumento legal es importante sí se considera que está comprobado que el 90% de los implicados en abusos o violaciones tienden a repetir su comportamiento.
Mencionó que con la normativa se evitará por sobre todo que el denunciado recurra a la antigua práctica de volver a la enseñanza con su postulación para cargos en direcciones distritales de otras regiones.
En Bolivia, siete de cada 10 niños y niñas son víctimas de maltrato físico o psicológico en sus hogares, escuelas y lugares de trabajo, y según la Defensoría del Pueblo unos 6.000 menores de edad viven en las calles.
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