Sombras en la designación de notarios

Las denuncias sobre designaciones dolosas de notarios en que habrían incurrido seis vocales de la Corte Departamental de Justicia de La Paz y la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, no son las primeras que se conoce en dicha materia ya que hace años era vox populi que los aspirantes a la función notarial debían sufragar entre 5.000, 10.000 y hasta 15.000 dólares como requisito de su nombramiento, incurriendo en cohecho activo y pasivo, respectivamente.

Sin embargo, dicho vicio de corrupción es moneda corriente en buena parte de los estrados judiciales y de un modo general en distintas instituciones de la Administración Central, Desconcentrada y Descentralizada, si no cómo se puede calificar los conocidos hechos de soborno para el ingreso a la carrera policial o el nuevo y millonario escándalo en YPFB, etc. Las denuncias correspondientes al Órgano Judicial no son difundidas adecuadamente por una suerte de interdicción que las cubre piadosamente, entre otras cosas porque posiblemente los medios las consideran menores frente a otras más espectaculares y que pueblan el diario transcurrir nacional.

Se atribuye al tráfico del ilícito para oficiales de la Fe Pública el crecimiento del número de notarías más allá de lo prudente en los nueve departamentos del país, y de ahí también la aparición -antes escasa- de adulteración y falsificación de documentos importantes afectando a personas naturales y jurídicas, perjuicios debidos a la falta de idoneidad de las designaciones mediante cotización monetaria.

Habría sido conveniente que la Comisión de Constitución de Diputados a través de sus Comités fiscalice el procesamiento de los vocales involucrados -nombres que se mantiene en la oscuridad- en vista de que un espíritu de cuerpo y de reverencia, tanto del Ministerio Público como de la misma Justicia, pueda conformar un dique para boicotear un procesamiento eficaz y no retardado. En consecuencia no faltan temores de que el caso termine olvidado en algún vericueto de las actuaciones judiciales. Sensiblemente la indicada Comisión ha declinado jurisdicción y sólo la Presidenta del Consejo de la Magistratura queda en manos del Órgano Legislativo para su juzgamiento. Es una prueba de fuego que permitirá ver hasta qué punto el Órgano Legislativo actuará libre de sus afinidades con la nombrada autoridad.

Con esta experiencia el mundo litigante paceño no puede esperar confiado en la probidad de los magistrados, ni esperanzado en la conducta de muchos de reciente nombramiento en el Tribunal Departamental, salvando las excepciones de toda regla. Mala nota también para el proceso de elección de magistrados mediante el voto directo, de cuyo procedimiento se esperaba un cambio positivo en la Justicia del país. Sus actuaciones posteriores los vindicarán ante la opinión pública o ésta tendrá que reprobarlos.