Avasallamientos afectaron a más de cien empresas según la CNC

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Oscar Calle, denunció este miércoles que más de cien empresas a nivel nacional fueron afectadas por avasallamientos sin que la Fiscalía y las autoridades hagan algo al respecto.

“A nivel nacional estamos pasando el centenar de avasallamientos de propiedad privada y por eso queremos exhortar a una acción inmediata a las autoridades de Gobierno y a las autoridades judiciales” para detener estas acciones, según la red Erbol.

El empresario cuestionó la actitud pasiva de las autoridades y demandó un sistema judicial “ágil, responsable y eficiente”.

“Ante la falta de cumplimiento de la ley expresamos nuestra preocupación por lo avasallamientos y delitos que se están cometiendo contra la propiedad privada de empresas formales que están asociadas a nuestra Cámara”, señaló.

La Cámara Nacional de Comercio, afirmó Calle, está solicitando a las autoridades de Gobierno que se considere en la ley, al avasallamiento, como delito penal para que sea castigado drásticamente.

“Estamos pidiendo que esté implementado en la ley como delito penal porque cómo entrar a una casa sin ningún derecho no va a tener castigo, el avasallamiento debería ser calificado así, como un delito penal”, apuntó.

MINERÍA

En julio pasado el presidente de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin), Saturnino Ramos, sostuvo que el Gobierno carece de capacidad de imponer un estado de derecho y garantías que permitan desarrollar las actividades mineras privadas.

Refirió que desde el 2004 a la fecha se dieron cerca de 200 avasallamientos, la mayor parte produjeron en el gobierno del presidente Evo Morales que demostró una “debilidad” frente a las comunidades.

“Ahora hay más avasallamientos porque más poder tiene el comunario y el campesino que el Gobierno; el Ejecutivo no tiene capacidad, no tiene opción de imponer el estado derecho, ya no tiene principio de autoridad y esto se vio claramente en Mallku Qhota”, afirmó Ramos, en declaraciones a Erbol.

CONDENA ESTATAL

El Gobierno sostiene que es respetuoso de la propiedad privada y condena los avasallamientos de tierras que puedan producirse en diversos sectores, expresó el 12 de agosto el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, a la estatal ABI.

Dijo que “La Constitución Política del Estado establece con claridad que la propiedad privada es un derecho y no puede ser violentado”.

Recalcó que por ello “Cualquier avasallamiento a propiedades es una violación los derechos establecidos por la Carta Magna que fue aprobada por la mayoría de los gobiernos y que está vigente desde febrero de 2009”.

Navarro salió al frente a las denuncias de sectores empresariales que manifestaron que grupos de pobladores del agro habrían manifestado su disposición de intervenir propiedades privadas.

El Viceministro subrayó igualmente que la Constitución también establece que las propiedades privadas deben cumplir una función económica y social.

Las reflexiones de Navarro se refirieron implícitamente a que en el pasado en algunas regiones del país algunos ganaderos mantenían propiedades ociosas que solamente servían para el engorde de animales.

Explicó que “La función económica y social establece la necesidad de utilización del predio, no la violentación, ni avasallamiento”.