Periodistas exigen levantar denuncia en respeto a la libertad de expresión

“Fusil, metralla, la prensa no se calla”, era uno de los vítores con los que la prensa independiente salió a las calles ayer, lamentando la denuncia planteada por el régimen contra tres medios de comunicación en una figura inédita en la era democrática del país.

Los sindicatos de dos medios impresos, periodistas que hacen cobertura el Plaza Murillo, el comité intersindical de La Paz y sobre todo la Federación de Trabajadores de la Prensa de El Alto, con los productores independientes sumaron casi 150 personas que hicieron fuerza mutua por una causa de todos, incluidos los ciudadanos que se informan precisamente por la prensa independiente.

Los organismos del gremio, como la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb), la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANPB) y la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) también se unieron a la movilización que determinó solicitar al Ejecutivo retirar la denuncia en el plazo de 72 horas, caso contrario se asumirían otras medidas y protestas a nivel internacional.

El pedido por el respeto a la Ley de Imprenta como mecanismo de autorregulación es unánime y el rechazo a la denuncia interpuesta contra tres medios de comunicación es casi unánime, porque los periodistas de los medios estatales y otros afines a la línea ideológica del régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS), no acudieron a esta cita.

Al término de la marcha y posterior mitin, los representantes del periodismo hicieron uso de su libre expresión justo en puertas del Ministerio de Comunicación, donde no se pudo observar a la ministrad el área, Amanda Dávila, pero sí a funcionarios e informativistas que salían y entraban con total indiferencia, pese a estar también bajo el paraguas de la norma defendida.

Para el presidente de la APLP, Antonio Vargas, la democracia es afectada si se daña la libertad de expresión y esto demuestra la intolerancia del régimen y el poder político constituido. “Estas acciones deben marcar un hito funesto para el periodismo, la penalización a la labor periodística es la muerte lenta de la democracia”, acotó.

Sofía Peralta, secretaria ejecutiva de los productores independientes citaba: “El sindicado de productores independientes apoya moralmente a los tres medios y estamos en estado de emergencia, debemos unirnos y hacer que se respete la libertad de expresión. Le decimos la presidente Evo Morales que la Ley de Imprenta está vigente y debe ser respetada”.

El secretario ejecutivo de la Cstpb, Ramiro Echazú coincidió con la representante del comité intersindical de La Paz, Carmiña Moscoso, y aseguró que los periodistas no son racistas y que el Ministerio Público debería procesar y encarcelar a aquellos delincuentes que roban, matan, ultrajan, pero que no son acusados y muchas veces ni se esclarecen delitos de orden público que afectan a la sociedad.

“Estamos reclamando nuestros derechos y no vamos a permitir que la libertad de expresión de información y de opinión se vulneren. Dónde está la COB y otros niveles de la sociedad, porque cuando necesitan de la prensa estamos presentes reflejando las demandas y esta es una defensa no sólo de los medios o la prensa sino de cada ciudadano”, dijo Echazú.

Sobre el caso, ayer se dio a conocer que existe un plazo de 20 días para que el Ministerio Público determine si el caso es remitido a la justicia ordinaria o a la Ley de Imprenta.

“Dentro del plazo que establece el Código de Procedimiento Penal, son 20 días para establecer”, precisó la fiscal asignada Susana Rodríguez a ANF agregando que este requerimiento se extendió a ATB, Canal Siete, Red Uno entre otros para que remitan las grabaciones y videos del discurso emitido por el presidente del Estado Evo Morales el pasado 15 de agosto en la población de Tiwanaku en las que hizo referencia al hambre, la flojera, la vivienda y el oriente boliviano.