Gobierno propone confiscar bienes de narcos, contrabandistas y corruptos

A iniciativa del Ministerio de Gobierno, se presentó al Legislativo un anteproyecto de ley de extensión de bienes a favor del Estado, que se aplicará en cuatro casos. Se trata de establecer sanciones y procedimientos más rígidos, en casos de corrupción, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y contrabando, confiscando bienes, según informó la autoridad de ese despacho Carlos Romero.

Esta propuesta legal fue aprobada en la reunión de gabinete ministerial que se realizó ayer en Palacio de Gobierno y determina que a través de un procedimiento administrativo sumario o acelerado distingue dos situaciones para analizar los casos que sean observados por las autoridades, sobre enriquecimiento ilícito.

“Primero, si se encuentra flagrante (delito) se le otorgan 48 horas a la persona para que pueda mostrar la licitud de los bienes y en caso de no existir flagrancia, se le otorgará un plazo de cinco días para que pueda acreditar la legitimidad, la licitud de los bienes”, aclaró.

En caso de no asumir estas medidas, se aplicaría la acción de extinción, a través de la Procuraduría General del Estado, en cada dirección departamental, donde el caso ilícito haya sido denunciado y según la jurisdicción que corresponda, teniendo como instancia de apelación en la vía administrativa, al procurador del Estado a nivel nacional, añadió.

“Este es un procedimiento que apunta a sancionar y procedimientos más drásticos para los casos de corrupción, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y contrabando, que son como un cáncer para el país”, citó.

Romero también explicó que el artículo tercero de este anteproyecto establece que la acción de extinción de derecho propietario y posesión no es una sanción penal privativa ni accesoria ni se hará la culpabilidad de una persona. “A su vez dice que esa acción de extinción de derecho propietario es autónoma, especial e independiente de cualquier acción judicial o administrativa que se haya iniciado o se inicie sin necesidad de sentencia penal”.

El anteproyecto no se dio a conocer y aún resta saber si esta medida será aplicada de forma retroactiva en coordinación con la Ley Anticorrupción u otros mecanismos legales vigentes bajo la nueva Carta Magna.

Mientras, la diputada por Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, manifestó que este proyecto de ley, es una forma “camuflada” de vulnerar el derecho a la propiedad privada.

“En el caso de estos delitos, el Estado sería el afectado porque a la sola confiscación, se puede rematar las propiedades a nombre del Estado. Pero para seguir este proceso tiene que haber una acción penal, no puede saltar el debido proceso y presuponer la culpabilidad de las personas”, dijo.

Piérola puntualizó que con este accionar se vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y convenios internacionales que respetan la presunción de inocencia y una investigación previa.

“Lo que corresponda es una investigación previa, una hipoteca o confiscación temporal, porque si se equivocan (el Gobierno) se verán obligados a devolver estos bienes”, dijo.

Otros opositores señalaron que los primeros en ser investigados deberían ser los funcionarios del Gobierno central y el oficialismo, porque en los últimos años hubo serias denuncias por casos de corrupción, narcotráfico y contrabando. El diputado Luis Felipe Dorado mencionó los casos de “Santos Ramírez, Juna Ramón Quintana, Sacha Llorenti, las hermanas Terán, el narco Amauta, entre otros”.