Hernán Maldonado
Realmente hay que hacer un esfuerzo mental para entender la demanda contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los diarios “Página Siete” y EL DIARIO por el supuesto delito de “difusión e incitación al racismo o la discriminación”, introducida por Juan Marcelo Zurita Pabón en representación del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana Taborga.
Si, como afirma el causídico, esa es la tipificación dada en el Código Penal (Art. 281) no es dable que dude atribuyéndoles “la probable comisión del delito referido”. Si él mismo estima “probable”, ¿entonces por qué asegura que se produjo la divulgación del discurso del presidente Evo Morales, “basándose en ideas de odio racial”?.
¿Odio racial? Zurita Pabón es el que expone esas “ideas”. A más de una semana de lo ocurrido, periodistas, medios, personalidades del país, la Iglesia Católica, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), todos han respaldado a la ANF al conocer lo que fue dicho y lo que fue escrito.
Por esto es repudiable el argumento de Zurita Pabón de atribuirle a ANF la intención “dolosa para promover el racismo y/o discriminación a fin de generar un enfrentamiento entre dos regiones de nuestro país (occidente y oriente) con la clara intención de dividir a nuestro país Bolivia…”.
El abogado prosigue (y respeto su redacción) “… tal es así que esta situación ya manifestó consecuencias que además podrían agravarse, puesto que provocó airadas reacciones de las autoridades y población de Santa Cruz con repercusión nacional poniendo de esta manera en peligro la unidad del Estado Plurinacional”.
Un poco raro que entre esas “airadas reacciones” no hayamos visto ninguna contra ANF, “Página Siete” o EL DIARIO y mucho menos que hayan provenido de otras ciudades y pueblos del extenso oriente boliviano. Quizás la gente recuerda el viejo refrán que dice: “Palabra suelta, no tiene vuelta”. O el otro, más categórico: “En boca cerrada no entran moscas”.
Zurita Pabón, en apoyo de su demanda, cita el artículo 21 de la Constitución, cuyo inciso 6 justamente protege el derecho que tiene toda persona a “acceder a la información, interpretarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”.
ANF ya demostró que según la Academia de la Lengua Española, tienen el mismo significado el adjetivo y sustantivo de la palabra flojera, en estricto apego a ese derecho de “interpretar la información”, de manera que basarla “en ideas de odio racial” es subjetivismo puro.
El abogado (vuelvo a respetar su redacción) cita el inciso segundo del artículo 21 que “establece que las bolivianos y bolivianos tienen los siguientes derechos, entre ellos la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad…”.
Muy de acuerdo, pero yo le preguntaría al “colega”: ¿dónde estuvo usted en los recientes carnavales cuando en plena Plaza Murillo y en presencia del Presidente fueron pisoteados muchos de esos derechos de las ministras del Estado, de las mujeres bolivianas?
Quizás salga alguien que le diga: no me defiendas, compadre. Sólo “esito” por hoy.
El autor es abogado y periodista.
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