Libertad de expresión, un derecho sagrado

En el periodismo nacional -como en el de todo el mundo-, la condición fundamental para ejercerlo desde las posiciones de reportero hasta las de director o editor, columnista, editorialista o analista de realidades vividas por la humanidad, es importante, inviolable y, por tanto, cumplida con responsabilidad. Que en su ejercicio -como en toda profesión falible del ser humano- pudiesen surgir yerros, equívocos, contradicciones y hasta falsedades, no es ajeno a la realidad porque el periodista es tan ser humano, falible y pecador, como cualquiera.

Pero, generalizar malas conductas a todos los medios y periodistas no es justo, como no sería justo ni ecuánime ni legal que el periodismo generalice a todos los gobiernos, a los políticos y a quienes poseen poder político, económico o social. En estos días vivimos una realidad que debería causar dolor no sólo a quienes son víctimas de las acusaciones sino a todo el pueblo que sabe juzgar, condenar o aplaudir el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas.

El gobierno juzga que lo que dijo el Presidente en una reunión en que hacía referencias a las condiciones de hambre o disponibilidad de alimentos, no debería ser analizado ni juzgado ni informado por los medios o, de hacerlo, tal vez adentrarse en lo que el gobierno querría que se haga. La verdad es que los periodistas y los medios informan, analizan y comentan lo que hacen y dicen las autoridades, ejerciendo un derecho consagrado por la Constitución Política del Estado, los convenios internacionales y las leyes.

El juicio penal que se sigue contra tres medios de comunicación - la Agencia de Noticias Fides, EL DIARIO y Página Siete- atenta contra el derecho de libre expresión que tienen; juzgan las autoridades que esos medios han contravenido leyes que condenan el racismo, la discriminación; pero, a la vez, esos medios juzgan y sostienen su punto de vista de no haber vulnerado ninguna ley del país. El juicio penal no corresponde, así sea por las afirmaciones del gobierno, porque debe aplicarse la Ley de Imprenta y, si esta ley considera inapropiada su intervención, recién ella misma dispondrá el paso a un tratamiento penal. El gobierno no lo entiende así y continúa casi sañudamente con su intención de condenar a esos medios.

Desde el año 1982 (en octubre se cumplirán treinta años), vivimos en plena democracia; no hemos sufrido los extremos de ningún gobierno de facto o dictatorial y el actual régimen, legal y constitucional, casi siempre ha respetado la Constitución; sin embargo, más llevado por euforias o soberbias perjudiciales a él mismo, considera que “lo que él dice o dispone se debe cumplir”; un criterio por demás peregrino y que no corresponde a una situación legal y menos a las condiciones de respeto y consideración que se debe guardar por los medios y los periodistas sean del nivel que fueren.

En un estado de Derecho donde priman, deben primar la Constitución, los convenios internacionales y las leyes, no corresponden actitudes que puedan considerarse atentados a los derechos del ser humano ni menos a las libertades consagradas. Lo cierto es que los gobiernos, en su mayoría -salvo los de índole totalitario como los que manejaron el fascismo o el comunismo o gobiernos tiránicos y que ha habido en el mundo- son obra de los medios de comunicación porque son los periodistas, comunicadores, analistas, editorialistas, escritores de toda laya y otros que emiten opiniones, los que con sus escritos o su palabra expresada en radio o televisión o cualquier medio alternativo, los que encumbran, muestran cualidades y condiciones de esas personas que asumen poderes de un Estado. ¿Qué sería de todos ellos sin los medios de comunicación?

Los interesados señalan que “serían más que suficientes los medios pertenecientes al gobierno o que son del Estado” y son manejados por el régimen de turno. Pero, lo expresado, analizado y juzgado por ellos, ¿será suficiente? ¿Será creíble por el pueblo y las instituciones? ¿Tendrá la validez que tiene una libertad de expresión honesta y responsable pero independiente?

Hay que sostener, enfáticamente, que todos los periodistas que honramos al país y amamos nuestra profesión, que es el mejor medio de servicio al bien común, condenamos cualquier intento de vulnerar la libertad de expresión, que es coartar los derechos de las personas y silenciar la voz de las conciencias. Nuestra más cordial, leal y absoluta solidaridad con la Agencia de Noticias Fides representada por su digno Director el R.P. José Gramunt de Moragas que, en toda su vida sacerdotal, como abogado y comunicador ha sido siempre honra y pres del periodismo honesto y responsable. Igualmente, mi apoyo y solidaridad para EL DIARIO y Página Siete, dignos representantes de la comunicación que, con sus servicios, honran al país y al mismo gobierno.

Dios en su infinita bondad y sabiduría, sabe de qué lado debe estar la justicia y sea Él quien ilumine a quienes juzgan a medios como Agencia de Noticias Fides, EL DIARIO y Página Siete que cumplen con su deber de servir, honrar y prestigiar a la comunicación social.