Convergencia espera una investigación y exministro admite haber conocido el caso

La bancada de Convergencia Nacional (CN) reiteró su denuncia por la liberación de un exfuncionario de la ONU quien estaba recluido por la Ley 1008 sobre narcotráfico. En tanto, el exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, dijo que conoció el caso cuando el senador Roger Pinto le remitió los documentos. Este sería uno de los casos denunciados por CN ante el gobierno de Evo Morales.

Consultado por los medios de comunicación, cuando se hacía presente en la Cámara de Senadores, el exfuncionario público, dijo que en su momento se envió una nota aclaratoria a la bancada opositora y luego se brindó una conferencia de prensa donde se pedía al Ministerio Público esclarecer este caso.

“El Ministerio Público ha terminado la investigación y no ha encontrado elementos que ameriten un enjuiciamiento hacia este súbdito español, por tanto lo que ha habido antes son simplemente especulaciones”, agregó Chávez.

La exautoridad también se refirió a su anunciada designación como Embajador de Bolivia en Italia, desmintiendo versiones de prensa que señalaban esa posibilidad, argumentando que es una persona comprometida con el proceso de cambio y que cumple una mejor labor dentro del país que afuera.

Su nominación habría llegado mediante una carta remitida desde el Ejecutivo hacia la Cámara de Senadores junto con la solicitud en favor del exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, que luego fue aprobada, dejando en manos del primer mandatario su designación como representante ante Naciones Unidas.

La bancada opositora cuestionó la liberación del exfuncionario de la ONU, José María Gonzáles Galán, súbdito español que habría sido encontrado con 30 kilos de cocaína que intentaba transportar hacia su país, pero que fue interceptado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Los cuestionamientos de la oposición advierten que la organización internacional habría asumido acciones para supuestamente favorecer a su funcionario y que ahora esto constituiría una especie de trueque para que la ONU acepte a Sacha Llorenti, exminstro de Gobierno, como nuevo Embajador de Bolivia ante esa instancia, según afirmaron Luis Felipe Dorado y Adrián Oliva, ambos diputados de CN.

Para el legislador Andrés Ortega (CN), en caso de comprobarse estas irregularidades en la relación del Gobierno, el Ministerio Público e incluso la entidad internacional, se demostraría que el manejo de justicia en el país no responde a la independencia que debería existir en un Estado de derecho.

“Son diferencias en la administración de justicia en la visión de los fiscales y jueces que aplican aquella frase que dice a los amigos todo, a los enemigos la Ley. Sería bueno también que la ONU se pronuncie sobre este caso y responda o deslinde responsabilidades”, dijo.

Esta denuncia, así como otras referidas al caso del exgeneral de Policía, René Sanabria, formarían parte de otras que el senador Roger Pinto presentó ante las autoridades de Gobierno, pero que no fueron publicitadas a los medios de comunicación. Posteriormente, el legislador pandino pidió asilo en la Embajada de Brasil, donde ya se encuentra por tres meses con asilo concedido por el gobierno de la mandataria Dilma Rouseff y en espera de recibir el indulto desde la Cancillería de Bolivia para poder salir rumbo a Brasilea en el vecino país.