Un estudio revela que los municipios más pobres no priorizan la inversión

Este panorama no es diferente al promedio general de los demás gobiernos municipales; pero, se esperaba que habiendo tantas necesidades y demandas de la población más pobre, los niveles en inversión productiva y social (educación y salud) deberían haber sido mucho mayores en estos municipios, según un estudio publicado en la última edición de la revista de la Fundación Jubileo.

El año 2001, el Censo de Población y Vivienda consideró el concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), estableciendo que 167 municipios del país tenían un nivel de pobreza superior a 90%.

Esto implicaba que su población carecía de servicios de agua y saneamiento, residía en viviendas precarias, tenía bajos niveles educativos y un severo déficit en la atención de salud, entre otras carencias.

Estos municipios estaban ubicados en los departamentos de La Paz (61), Oruro (26), Potosí (25), Cochabamba (17), Chuquisaca (15), Pando (11), Beni (6), Santa Cruz (4) y Tarija (2).

De acuerdo con el Presupuesto General de la Nación de la gestión 2011, estos municipios pobres tenían una asignación de 2.161 millones de bolivianos, equivalentes a 16% del total asignado a los municipios del país.

De este monto, las autoridades de los gobiernos municipales más pobres destinaron 51% a gasto corriente, porcentaje menor en un punto al promedio del resto de los municipios.

El gasto corriente implica el pago para la administración de la entidad (como sueldos, servicios básicos, materiales de oficina y otros) y el funcionamiento de servicios municipales.

En estos municipios más pobres, el año 2011 se destinó a gasto corriente 1.110 millones de bolivianos.

El restante 49% fue destinado a inversión pública, cifra superior en un punto porcentual al promedio general del resto de los municipios. Estos recursos que permiten aumentar el capital con el objeto de ampliar sus capacidades económicas fue de 1.051 millones de bolivianos.

De este monto de inversión, 21% se destinó al apoyo de actividades productivas que generan empleo y valor agregado. El presupuesto 2011 en el sector agropecuario fue de 130 millones de bolivianos.

Para los sectores de construcción y mantenimiento de caminos vecinales se programaron cerca de 105 millones de bolivianos. Para salud y educación (de acuerdo con sus competencias) se presupuestó 124 millones de bolivianos.

MÁS RECURSOS

A partir de 2005 se incrementaron los recursos públicos por el aumento de precios internacionales de las materias primas (gas y minerales) y por la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Esos mayores ingresos para el país fueron distribuidos entre los diferentes niveles de gobierno, beneficiando también a los municipios.

Por la explotación de hidrocarburos, los 167 municipios más pobres recibieron el año pasado 562 millones de bolivianos, que representa 18% del total distribuido por este concepto a todos los municipios del país.

De los recursos recibidos por el IDH, los municipios más pobres utilizaron 239 millones de bolivianos en gasto corriente y 323 millones de bolivianos en proyectos de inversión.

RECURSOS NO EJECUTADOS

La baja ejecución de recursos públicos es común en todos los niveles de gobierno; pero llama la atención que los municipios más pobres, con necesidades insatisfechas de su población, también tengan presupuestos sin ejecutar, guardados en cuentas fiscales.

Hasta febrero de este año, los 167 municipios más pobres del país habían acumulado 1.367 millones de bolivianos no ejecutados.

Este dinero acumulado de los municipios más pobres representa 6% del total de recursos no ejecutados por los diferentes niveles e instituciones gubernamentales. Respecto del total de saldos en los gobiernos municipales, representa aproximadamente 19%.

Si bien los recursos acumulados de los municipios más pobres en comparación con otras entidades públicas es mínima, refleja lo que se ha venido advirtiendo durante los últimos años respecto a fallas en la gestión, planificación y capacidades de ejecución.

Queda el cuestionamiento si los recursos que reciben los gobiernos municipales han servido para cambiar su realidad y situación de pobreza (NBI); por tanto, el Censo que se realizará el 21 de noviembre permitirá construir un nuevo mapa de pobreza y evaluar si hubo avances o estancamientos.