El director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicación y Transporte (ATT), Clifford Paravicini, afirmó que de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, existen agencias de AeroSur que desviaron sus recaudaciones por venta de pasajes a cuentas vinculadas con Humberto Roca.
“Existían agencias de AeroSur en Santa Cruz que vendieron pasajes por más de 15 millones de dólares que nunca ingresaron a las cuentas de la empresa, sino a cuentas particulares vinculadas a Humberto Roca. Las agencias en el extranjero no reportaban ingresos, inclusive se presume que se habrían comprado bienes con esos dineros. Se crearon empresas subsidiarias con dineros de la empresa, de las cuales se perdió la titulación pues no generaban ingresos”, afirmó.
De acuerdo con Paravicini, el caso AeroSur ha ido evolucionando de forma muy rápida, toda vez que iniciado el proceso de quiebra de la empresa, se realizaron una serie de operativos, allanamientos y entrevistas en coordinación con el fiscal Marco Antonio Rodríguez y las fiscalías de Cochabamba y Santa Cruz. Estas acciones, llevadas a cabo entre el 28 y 30 de agosto, posibilitaron el inicio de un nuevo proceso por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas con afectación al Estado.
“Al proceso de quiebra por las suficientes presunciones sobre irregularidades y manejos administrativos y financieros que se habría cometido en AeroSur, se ha presentado una denuncia ante el ministerio público por el delito de legitimación de ganancias ilícitas con afectación al Estado contra la totalidad de accionistas y terceros administradores o vinculados con la empresa de alguna manera, quienes deberán responder las condiciones de su participación en lo que creemos que es una de las mayores estafas cometidas contra la sociedad en general”, apuntó.
El director de la ATT, recordó que esta entidad inició el proceso de quiebra de la empresa AeroSur S.A. el cual se encuentra siendo sustanciado en el juzgado 6º del partido en lo civil.
Resaltó que la razón principal que llevó a este ente regulador a iniciar un proceso judicial fue la magnitud del daño causado al interés público.
“Son millones de dólares que se adeudan en salarios y de beneficios sociales a más de mil trabajadores, millones de dólares que la empresa ha recibido por concepto de pasajes hasta el año 2013 que no van a ser rembolsados, millones de dólares que se adeuda a instituciones del Estado y privados y ninguna intención de los accionistas o responsables de reconocer o brindar soluciones”.
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