En su discurso del 6 de agosto, aniversario de la República, el Presidente, entre otros conceptos generales, dijo: “Yo tengo mucha desconfianza de la inversión privada”. Una frase que, por su significado y posibles consecuencias, puede considerarse como una prevención que puede resultar peligrosa. Felizmente, en reunión con la Confederación de Empresarios Privados, el Presidente comprometió sentar las bases legales para cambiar el pasado y realizar un desarrollo del país armónicamente; es decir que podrá confiar en los inversionistas y en la producción privada.
Es de entender que si lo expresado en el aniversario del país fuese realidad, se consideraría como condenatoria al capital privado, al trabajo y producción realizados por personas, instituciones, entidades o empresas del sector privado y no del público o sea empresas estatales. Hay que convenir en que, en un país capitalista como es el nuestro, pese a todas las expresiones en contra del sistema, que en el entender del Gobierno es representante y hechura del “imperio” estadounidense, lo expresado podría resultar, a más de lo que ya existe, un freno para toda intención foránea de invertir dinero, tecnología y capital humano en nuestro país.
En los años transcurridos, desde enero de 2006, hemos pasado los bolivianos por una serie de experimentos y medidas adoptadas por el régimen que ha tomado en sus manos la costumbre socialista o comunista de la propiedad del Estado como todo bien que signifique trabajo, producción, servicio y que, en la práctica, toda actividad privada desaparezca. La mayor experiencia es que se vio, conjuntamente todo el mundo, el fracaso estrepitoso del régimen comunista que definitivamente cayó en el año 1989, convirtiéndose el mismo “imperio” impuesto por el comunismo a partir de 1917 en economía capitalista que ha buscado afanosamente el retorno de la actividad privada.
Hoy, son pocos los regímenes que se mantienen en la órbita comunista aunque, en muchos de los avances políticos que han debido tener, abracen el capitalismo y hasta dependan de los aportes, préstamos y políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional; son regímenes que no han encontrado medios ni formas para continuar en el socialismo de extrema izquierda que, en su práctica, sólo ha causado serios daños y perjuicios a esos países que, como Corea del Norte y Cuba, sufren extremos de pobreza y dependencia por la persistencia de mantenerse en una órbita que difícilmente podrá volver a girar en la vida del mundo.
Nacionalizar el petróleo, avasallar la propiedad minera o permitir el hecho de amenazar permanentemente al empresariado privado hasta tenerlo con una especie de “espada de Damocles” sobre sí, como es la estatización o nacionalización, es evitar al sector privado; es mantener cerrada parte de las actividades existentes hasta finales del año 2005 y no definir ninguna garantía jurídica para las inversiones; es, quiérase o no reconocer, una forma muy peligrosa de mantener al país aislado del ámbito mundial, aunque con la práctica de la globalización y el capitalismo -sistemas aún perfectibles- puede alcanzar sitiales que le permitan un desarrollo armónico y sostenido para vencer a la pobreza y sus graves consecuencias.
Sin embargo, con la reunión con los empresarios privados y el compromiso de contar con una Ley de Inversiones y de Bancos hay señales de que hay esperanzas de rectificar errores y, por el prestigio del propio Gobierno, crear las condiciones más apropiadas para un trabajo conjunto y armónico entre las autoridades y el empresariado privado; políticas que permitirían superar lo pasado e ingresar en los campos del desarrollo y progreso.
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