Inmigrantes protestarán en España por “retroceso” en atención médica

Madrid.- Asociaciones de inmigrantes residentes en España convocaron a protestas en varias ciudades del país contra una nueva norma sanitaria que calificaron como “un grave retroceso” porque dejará a los indocumentados sin acceso a la atención médica, que no sea de urgencia, a partir de hoy.

El portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España (Ferine), Gilberto Torres, denunció en rueda de prensa que más de 700.000 personas quedarán sin tarjeta sanitaria y “sin el derecho a la salud pública universal” con la nueva normativa, según estimaciones de varias ONG.

El Ministerio español de Sanidad anulará hoy la tarjeta sanitaria de todos los extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social en el país y de los españoles que nunca trabajaron y que tengan ingresos superiores a 100.000 euros al año, informó Efe.

Así, los extranjeros sin papeles solo tendrán asistencia sanitaria de urgencia por accidente o enfermedad grave y en el embarazo, parto y postparto, a excepción de los menores de 18 años que recibirán los mismos servicios que el resto de los españoles.

Se trata de una de las medidas de ahorro urgentes decretadas por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado abril para garantizar el futuro de este servicio público en tiempos de crisis económica, sobre el que pesa además una deuda de 16.000 millones de euros.

Ante esta situación, la Ferine convocó una movilización hoy en Madrid y en otras ciudades españolas, junto con organizaciones de colectividades de América Latina y Europa del este, así como una acampada ante un hospital de la capital el 13 de septiembre.

“Estamos levantando nuestra voz para que esta medida, que al final perjudica a la población más pobre, no sea llevada a cabo”, dijo el peruano Andrés Robles, representante de la Asociación Integrando.

No existen datos oficiales sobre las personas que residen en España sin permiso, aunque el cruce del número de extranjeros del Instituto Nacional de Estadística con aquellos que no figuran en los registros del Ministerio español de Empleo, arroja una cifra de ciudadanos “sin papeles” de 459.946 personas.