En tiempos recientes el tema de las violaciones a la Constitución Política del Estado se ha convertido en la comidilla de todos los días y, al mismo tiempo, han surgido crecientes demandas para que esa Carta Magna sea revisada. Es más, algún jurista ha sugerido que debería ser sustituida por una nueva de orientación progresista.
Las reiteradas violaciones a la Carta Constitucional han provocado también interés en medios del oficialismo y diversas opiniones tienen el mismo objetivo: denunciar las transgresiones a la Constitución y tender a su revisión. En efecto, hasta el mismo Presidente del Estado ha hecho una declaración en ese sentido y sugirió que los autores de ese documento capital, diputados y algunos políticos, se reúnan para considerar los avances y aspectos dudosos del texto constitucional, sugerencia que, sin embargo, fue una declaración al viento, pues nadie le dio importancia y quedó enterrada en el olvido.
De todas maneras, la cuestión constitucional sigue pendiente y entre otros intentos para revisar su contenido y forma -poco claro y en algunos artículos sin la menor lógica respectivamente- en días pasados el salón principal del Banco Central fue escenario de la presentación, por parte del vicepresidente García Linera, de nada menos que ocho voluminosos tomos de los antecedentes que culminaron con el estudio, redacción, aprobación de la nueva Carta Magna (llamada por algunos constitucionalistas como “Farsa Magna”).
Ese acto público reveló aspectos notables acerca de la aprobación de la nueva Constitución y se destacaron los discursos de las principales autoridades nacionales, en medio de un público de alrededor de doscientos funcionarios públicos citados ex profeso a esa ceremonia. En el acto tuvo especial presencia el Embajador de España y resaltó el hecho de que la publicación de los volúmenes corrió a cargo de una entidad española, aparte de que se difundió la intriga de que la actual Constitución boliviana fue redactada, en sus lineamientos generales, en la Universidad de Valencia, España, con financiación dispuesta por el ex presidente español Rodríguez Zapatero.
Esos aspectos, sin embargo, no tendrían mayor significación. Lo importante sería que se proceda de hecho y no sólo de palabra para denunciar a quienes la desgarran, al haberla sancionado para infringirla y haberla jurado para incurrir en solemne perjuicio, así como estudiar los avances o retrocesos que logró el país con la orientación que le dio la nueva Constitución. Es más, con base en esos aspectos, es necesario proceder a reformar, perfeccionar o completar ese documento capital o, en su defecto, sustituirlo por otro.
De otro lado, una evaluación de los alcances de la nueva Constitución -como propuso el presidente Morales-, sería de notable estima tanto para la Nación como para el Estado. En esa forma se conocería el contenido esencial del documento, sus errores de forma, su aplicabilidad y, en síntesis, si está sirviendo o no para el desarrollo del país. Así mismo, esa evaluación estatal y privada podrá señalar cómo y en cuántas oportunidades se está violando el articulado de esa disposición y qué hacer para evitar que continúe siendo desgarrado.
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