En Bolivia existe inseguridad jurídica para invertir lo que genera incertidumbre, se percibe la priorización de la agenda política antes que económica y existen exigencias salariales y laborales que reducen la competitividad industrial. Estas son algunas de las observaciones que reiteró la Cámara Nacional de Industrias (CNI), a representantes del oficialismo en el órgano legislativo para que sean tomadas en cuenta en la elaboración de la Ley de Inversiones.
Los industriales también reclaman por la insuficiencia en el abastecimiento de energía y materia prima, la desinstitucionalización del sector público y la tramitología estatal, el contrabando y la informalidad que compiten en forma desigual con el sector formal, los problemas relacionados a la propiedad privada, la existencia de un mercado interno reducido y una deficiente infraestructura para la producción.
“Entre los principios fundamentales que la CNI consideró que debe tener una Ley de Inversión se encuentra el respeto a la propiedad privada, la redistribución justa y oportuna por acciones transferidas al Estado, el derecho al trabajo y la generación de utilidades, la defensa de los derechos del consumidor y la libre competencia y el derecho a la libre disposición de las utilidades generadas”, señala una nota de prensa de la entidad.
El Directorio de la CNI recibió el pasado 28 de agosto la visita del diputado Marcelo Elío, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, a quien se le plantearon los lineamientos que, en criterio de los industriales, deben ser tomados en cuenta en la nueva Ley de Inversiones.
La presentación de la CNI enfatizó que, de acuerdo al ranking de inversión extranjera directa del 2011 a nivel de Latinoamérica, Bolivia recibió el 0,7% de la inversión total que llegó a Sudamérica, lo cual representó 859 millones de dólares, de los 121.501 que llegaron a la región.
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